Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo

A la espera de órdenes de detención internacional contra exministros

Exministros franquistas y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, entre los nuevos acusados en la querella argentina. Mientras, la Audiencia Nacional rechaza la extradición de Jesús Muñecas y Billy el Niño.

Sara Plaza, Periódico Diagonal, 2.05.2014

El pasado 14 de abril se conmemoraba el 83º aniversario del nacimiento de la Segunda República en el Estado es­pañol. Ese día, las víctimas del franquismo, agrupadas en la Coordina­dora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del Fran­quismo (CEAQUA), también celebraban el aniversario del inicio de la causa contra la impunidad del régimen que derrocó a la República, que hace ya cuatro años decidieron lanzar. Y lo hacían con la petición de nuevas diligencias bajo el brazo. Pocos días antes, el 4 de abril, el abogado de la causa, Carlos Slepoy, entregaba a la jueza argentina María Servini de Cubría un nuevo listado con nombres de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, exministros y juristas. Un total de 16 personas que, según la CEAQUA, “amparados por la dictadura, no respetaron los derechos humanos y hasta el día de hoy permanecen impunes”.

“Vemos posible que relativamente pronto se pueda dictar orden de detención internacional contra algún o algunos de los exministros”, relata a DIAGONAL el abogado de las víctimas, quien valora así las posibilidades que tiene la causa de proseguir tras su encuentro con la jueza. En cuanto a los exmiembros de las fuerzas de seguridad, Sle­poy recuerda que han cometido delitos similares a los de Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco –alias ‘Billy el Niño’–, cuyas órdenes de detención internacional ya se han dictado. [El 25 de abril, la Audiencia Nacional rechazaba la extradición a Argentina de Muñecas, y el día 30 la de Billy el Niño, con la argumentación de que los delitos de torturas de los que se les acusa han prescrito y de que no constituyen delitos de lesa humanidad, que no prescriben.]  “Creemos que hay elementos muy contundentes por los testimonios de las víctimas”, asegura.

Un excomisario en la lista

En esta nueva tanda, la CEAQUA carga en primer lugar contra ocho expolicías, algunos de ellos miembros de la antigua Brigada Político- Social, el órgano represivo del franquismo por excelencia. Entre ellos se encuentra el excomisario de Le­ga­nés (Madrid), Jesús González Reglero, en activo hasta hace apenas unos meses. Después de que su nombre trascendiera a la opinión pública tras aparecer en la querella argentina, se jubiló, tal y como constataba la CEAQUA a través de los pocos medios de comunicación que se hacían eco de su marcha.

“Vemos posible que relativamente pronto se pueda dictar orden de detención internacional contra algún exministro”
Como publicó DIAGONAL, el pasado 1 de diciembre los vecinos del municipio madrileño salían a la calle para pedir el cese de Reglero al frente del Cuerpo Nacional de Poli­cía del municipio, con una gran pancarta en la que se demandaba “verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo”. Unos días antes, el Ayuntamiento de Le­ganés aprobaba con los votos en contra del PP “exigir el esclarecimiento del grado de participación en la Brigada Político-Social de Jesús González Reglero”. Según medios de comunicación locales como elbuzon.es, a finales del mes de enero Reglero se jubilaba y desde el 26 de marzo el municipio ya cuenta con un nuevo comisario: Bartolomé Campaner Borrás.

De la matanza de Vitoria al asesinato de Puig Antich

Además de expolicías, la CEAQUA da un paso más con la petición de órdenes de detención internacionales para exministros. Entre ellos, el que fuera ministro de la Presidencia en el primer gobierno de la monarquía, Alfonso Osorio García, al que se acusa de estar implicado en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde la intervención policial durante una huelga acabó con más de cien heridos y cinco trabajadores muertos.

Otro alto cargo reclamado es Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia durante los últimos años de la dictadura y al que acusan de firmar la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974 y también las de los últimos fusilamientos del régimen franquista en 1975.

Y entre los juristas reclamados se encuentra Carlos Rey González, el actual abogado de la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, también acusado por su implicación en la condena a muerte de Puig Antich. En 1974 era capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército y fue el redactor de la sentencia que condenó al joven anarquista al garrote vil.

“No estamos como al principio”

Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la extradición de los hasta ahora dos procesados. Pero, durante las vistas de Muñecas y González Pa­checo celebradas en el mes de abril, el Ministerio Público dejó ver un nuevo matiz importante. “Hay que valorar que no estamos igual que al principio”, destaca Slepoy mientras señala que el fiscal ha abierto la puerta a que se celebre un juicio en España para que las víctimas sean oídas.

“Hay una diferencia entre la posición inicial y la de ahora de la Fiscalía. Inicialmente decía que los delitos estaban prescritos y eran muy contundentes. Ahora empieza a relativizar y habla de que podrían estar prescritos. Ha pasado a hablar en condicional”, explica el abogado de las víctimas, mientras añade que ahora ni siquiera se amparan en la Ley de Amnistía, “una ley que está muy condenada internacionalmente”, asegura. El letrado insiste en que no hay que menospreciar los logros obtenidos hasta ahora. “Al principio, el Gobierno se opuso a que realizáramos videoconferencias para declarar desde la embajada argentina en España. Tuvimos, pues, que viajar hasta Argentina. Esto ocasionó un gran impacto, mayor que si se hubieran hecho videoconferencias. A medida que el Gobierno se niega a colaborar, la presión social se hace mayor”, relata Slepoy. “Hay avances muy importantes y a la impunidad le está haciendo mucho daño la querella argentina”, concluye el abogado de las víctimas.

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