Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo

El ayuntamiento de Castellón apoyará a las víctimas del franquismo

El ayuntamiento ofrece ayuda a las víctimas del franquismo para poder denunciar los crímenes de los que fueron víctimas en la querella argentina y también en los juzgados de Castellón

Castelló ofrece apoyo legal para denunciar los «crímenes» de la dictadura franquista

El Pacte del Grau adherirá al ayuntamiento en el próximo pleno a la querella de la justicia argentina contra el dictador

http://www.levante-emv.com/castello/2017/05/23/castello-ofrece-apoyo-legal-denunciar/1570452.html

j. mestre | castelló 23.05.2017 | 08:48

 

El Grup per la Recerca de la Memòria Histórica de Castelló inició en 2004 su andadura para dignificar a los castellonenses represaliados por el franquismo y que quedaron sumidos en el olvido. El colectivo conseguirá un hito este jueves al conseguir que el pleno del ayuntamiento apruebe una proposición en la que se compromete a ofrecer apoyo legal a las familias de las víctimas de la dictadura en el caso de quieran emprender acciones legales.

Acto de homenaje en Castelló a los represaliados por el franquismo.

 

 

 

 

 

 

 

Acto de homenaje en Castelló a los represaliados por el franquismo. carme ripollés

 

Este acuerdo saldrá adelante con los votos de los partidos que conforman el Pacte del Grau- PSPV, Compromís y Castelló en Moviment-. La propuesta de Recerca parte de una campaña promovida por asociaciones de víctimas y familiares del franquismo que pide a las administraciones apoyo a la causa judicial que impulsa la justicia argentina por «delitos de genocidio y crimen de lesa humanidad cometidos por la dictadura entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977». Más de un centenar de ayuntamientos y cuatro parlamentos autonómicos se han adherido a esta querella, y el jueves lo hará Castelló. La iniciativa que debatirá la corporación municipal también recoge la investigación realizada por Juan Luis Porcar: «Un país en gris i negre. Memòria històrica i represión franquista a Castelló».

Así, además de su respaldo a la causa argentina, la proposición insta a iniciar, «en colaboración con los grupos, entidades o ciudadanos en general que quieren sumarse, los trabajos de recogida de testimonios u otro tipo de documentación, así como profundizar en la argumentación jurídica correspondiente, siendo la voluntad de esta corporación municipal valorar, según los resultados de la investigación realizada y la jurisprudencia del momento, las posibilidades de emprender las acciones legales correspondientes ante los juzgados de instrucción de Castelló».

El ayuntamiento, continúa el escrito, colaborará «con las víctimas y sus familiares que deseen interponer querellas contra estos crímenes (de la dictadura) ante el Estado español o fuera de él, ofreciendo asesoramiento jurídico por parte del ayuntamiento si fuera necesario».

Asimismo, dará traslado de esta resolución «a la juez María Servini Cubría del juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires para ofrecer la colaboración del ayuntamiento en la aportación de la información necesaria que pueda estar en su disposición».

Las formaciones progresistas que sustentan el gobierno de Castelló también cuestionan un intento del Ejecutivo de Mariano Rajoy de frenar la investigación judicial que abrió el citado tribunal argentino a instancias de denuncias presentadas por dos descendientes de españoles, a las cuales se añadieron, prosigue la proposición, víctimas y familiares de represaliados del franquismo, asociaciones de memoria histórica y familias de «niños robados», entre otros colectivos.

En Castelló, el trabajo de Porcar, que publicó la Universitat Jaume I, acreditó que 1.546 castellonenses fueron juzgados por procedimientos sumarísimos de guerra y que 1.200 fueron expedientados por la Ley de Responsabilidades Políticas. Respecto a vecinos de la capital de la Plana víctimas mortales de la dictadura, Porcar ha documentado 82 personas fusiladas en la ciudad, 17 fuera de la provincia, 14 muertes en prisiones de Castelló, 14 en cárceles de fuera de la provincia y tres fallecimientos a causa de la representación extradicional.

Tres exregidores

Entre las víctimas castellonenses, según el estudio, hubo personas vinculadas al consistorio como los regidores Tomás Albiol Tárrega y José Hernández Merlos; y el teniente de alcalde, Jaime Albiol Melià.

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