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La Eurocámara insta al Estado a investigar los robos de bebés

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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha elaborado un amplio informe en el que insta al Estado español a poner toda la carne en el asador para esclarecer las desapariciones de recién nacidos entre 1940 y 1992 denunciadas por cientos de familias en nuestro territorio, más de 180 sólo en la provincia de Huelva. En el documento, al que ha accedido Huelva Información, se detallan recomendaciones a lo largo de 35 puntos que se inician con el lamento de los europarlamentarios por “el abandono, la indefensión y la falta de investigación satisfactoria por parte de las autoridades públicas que los peticionarios, víctimas y asociaciones afirman haber sufrido hasta ahora”, por lo que solicita a los responsables que se comprometan “a entablar de manera oportuna un diálogo reforzado y continuado” con ellos, entre los que figura SOS Bebés Robados Huelva.

La investigación de la Eurocámara se inició después de que varios perjudicados enviaran sus denuncias al Parlamento, entre ellos la propia presidenta del colectivo onubense, Esperanza Ornedo. Ella lo hizo hace dos años, pero la documentación se extravió y “aún sigo sin saber dónde fue a parar”. Dos años después reclamó una respuesta y se enteró de la misteriosa pérdida.

No fue hasta la pasada primavera cuando una delegación de la Comisión de Peticiones visitó España. “Para mí fue una gran oportunidad poder hacer una llamada de urgencia por todo lo que estaba ocurriendo en Huelva, la injusticia soportada desde noviembre de 2012 tras la unificación de criterio por parte de la Audiencia Provincial” que dio carpetazo a los casos, lo que provocó que decenas de familias se quedaran “a las puertas de poder conocer esa verdad tan necesaria para descansar, para saber qué ocurrió con sus hijos”, detalla Ornedo.

Los europarlamentarios escucharon a las víctimas y se reunieron también con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la Conferencia Episcopal y con doctores y periodistas. Se encontraban “ajenos a esta triste realidad” e informaron de que las autoridades les refirieron que no existe “trama de bebés robados a nivel nacional, sólo casos aislados que fueron denunciados”, algo que Ornedo lamenta.

En el informe, que la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva aplaude y considera “un tirón de orejas” al Ejecutivo y al poder judicial, la Comisión recomienda la creación “de una Fiscalía especial para hacer frente a todos los casos de supuestos robo y adopción ilegal de recién nacidos” y pide a la Fiscalía General del Estado que sea “más proactiva, actuando de oficio en estos casos”. Además, estiman que es “de vital importancia” la creación de una unidad judicial especializada, dotada de los recursos financieros y policiales necesarios y dedicada a la investigación de los casos.

En relación al Gobierno central, señala que “está obligado a cumplir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”. Agrega que es el Estado el que debe “garantizar un enfoque institucional y la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la total coherencia del marco jurídico nacional con las obligaciones derivadas del Derecho internacional”, además de ratificar la Convención de la Naciones Unidas sobre “la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y reconocer los delitos cometidos en relación con los casos de niños robados como crímenes de lesa humanidad”.

Los casos, según el Parlamento Europeo, deben “investigarse de manera efectiva y eficaz”, sin amnistías. Y pide a las autoridades que adopten las medidas legislativas y judiciales necesarias “para invalidar toda interpretación del Derecho nacional que esté en discordia con el logro efectivo de dicho objetivo”, abogando por la cooperación entre ellas.

En paralelo, las insta a cubrir los gastos jurídicos de los afectados, a emprender una investigación de oficio y a proporcionar a los perjudicados un apoyo “proactivo”, reforzando el diálogo con ellos de modo que “aumente la confianza de las víctimas en futuras investigaciones”.

Los parlamentarios aconsejan al Gobierno español que reconozca la “implicación y permisividad del Estado” durante la dictadura franquista “en el robo sistemático de bebés y adopciones ilegales”, primer paso para reparar el desaguisado y que no vuelva a ocurrir algo similar en un futuro.

Los poderes públicos deben, a su entender, adoptar “inmediatamente” las medidas necesarias para que el Gobierno ayude a resolver todos los casos, iniciando campañas de información que incluyan “la utilización de las redes sociales, con el fin de concienciar a todos los implicados sobre la necesidad de colaborar y trabajar lo más estrechamente posible con las asociaciones de víctimas”.

A la Interpol le reclama la Comisión que realice un seguimiento de las investigaciones transfronterizas. Y al Gobierno le insiste: tiene que crear un banco nacional de ADN gratuito, “público y específico” -a través del Instituto Nacional de Toxicología- que permita el cruce de datos genéticos y para el que no se necesite autorización judicial o fiscal. Añade en las demoledoras sugerencias que el Gobierno tiene que poner en marcha un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, mejorar la Oficina de Atención del Ministerio de Justicia que asesora a los afectados por la posible sustracción de recién nacidos y que se preste atención psicológica gratuita y “permanente” a las víctimas.

En los casos en que se ha probado el secuestro y la venta de niños a otras familias, caso del onubense Quique Olivert o de Toñi Arias, entienden los parlamentarios de la UE que el Estado debe ofrecerles tanto a ellos como a sus padres “una compensación”.

También reservan un espacio para la Iglesia. Le exigen que reconozca “su posible implicación en la sustracción de bebés y adopciones ilegales y pidan perdón a las víctimas”, a las que deben facilitar los archivos parroquiales y de las congregaciones religiosas para agilizar las indagaciones.

Asimismo, los europarlamentarios recomiendan que el Congreso de los Diputados cree una comisión de investigación específica del robo de bebés para que se esclarezca si todo “fue obra de unos individuos sin escrúpulos o de una red de trata institucionalizada”.

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