Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo

«No estamos hablando de crímenes comunes sino de crímenes imprescriptibles»

Nueva Tribuna

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Nuevatribuna | ¿Qué supone el paso dado por el Parlamento de Canarias? ¿Cuál es su valor?

Miguel Ángel Rodríguez Arias | Es fundamental que nuestras instituciones comiencen a reconocer de una vez que las desapariciones forzadas infantiles y la compra-venta de seres humanos son crímenes de Derecho penal internacional, y que se deben regir conforme a los tratados internacionales contra la impunidad y en materia de derechos humanos ratificados por España y perfectamente en vigor, que aquí no estamos hablando de crímenes comunes sino de crímenes imprescriptibles.

Hasta el momento y pese a la probación de la Ley de Memoria Histórica, parece que el Estado ha eludido su responsabilidad.

Es que es fundamental que se deje de intentar una y otra vez «dar gato por liebre» a las víctimas por parte de quienes a menudo solo buscan intereses electorales y no el normal cumplimiento de las obligaciones de Estado en materia de derechos humanos: es el Estado el que debe crear por ley una Base Nacional de Datos Genéticos y las pruebas deben ser completamente gratuitas, no hay nada que «subvencionar» para que las víctimas paguen a una empresa, esto es un gravísimo tema de Estado; es el Estado el que debe crear una Unidad policial para buscar y localizar a los desaparecidos y darle razón a sus familiares de su paradero real, y no tener a las víctimas buscando como puedan, sin medios ni formación, las víctimas deben participar en la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la que debe dirigir todo el proceso, esa es su labor, participar y fiscalizar el trabajo efectivo del Estado.

De ahí que la iniciativa en el Parlamento canario sea tan relevante…

El Estado no tiene que «ayudar» ni «subvencionar» a nadie sino cumplir de una vez con sus claros deberes internacionales

Sí, lo que reconoce ahora por primera vez un Parlamento de España por unanimidad es simple y llanamente «lo normal», lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace décadas. Pero el problema es que cada vez que el político de bajo vuelo A o B comienza a «jugar con las palabras» y recortar lo que simple y llanamente dicen los tratados internacionales de derechos humanos por motivos oportunistas, está dañando a todas las víctimas.

El hecho de reconocerse como crímenes de lesa humanidad ya obliga al Estado, ¿no es así?

Es una auténtica «prueba del algodón»: si no se está reconociendo expresamente que estamos ante crímenes internacionales e imprescriptibles, si no se está planteando que sea el Estado el que asuma su plena responsabilidad y obligaciones y cree los organismos públicos pertinentes, sino «ayudar», «subvencionar», a las víctimas, seguiremos negándoles a las víctimas lo que en realidad les pertenece por derecho internacional. Porque el Estado no tiene que «ayudar» ni «subvencionar» a nadie, lo que tiene que hacer es poner de una vez todos los medios sobre la mesa y cumplir de una vez con sus claros deberes internacionales, porque el deber y la responsabilidad de garantizar, proteger y restituir a todas estas personas sus derechos humanos y sus familiares, es un deber «indisponible» de Estado».

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