Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo

Sánchez y el holocausto español

Ian Gibson, El Periódico, 3.09.2014

En septiembre del 2013 visitó este país el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas. No tardó en dar a conocer sus observaciones preliminares. Razonaba que, con más de 100.000 víctimas del franquismo todavía en cunetas y fosas comunes, el Estado español se estaba negando de manera flagrante a cumplir sus obligaciones hacia ellas y sus familias. Y a respetar la legislación internacional.

El largo documento contenía una serie de recomendaciones. En primer lugar, que España ratificara cuanto antes la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. «El grupo de trabajo (…) llama a los tribunales españoles (…), insta al Estado (…), considera de fundamental importancia (…), hace un llamado a la judicatura (…), destaca la importancia (…), subraya que (…), llama a que los responsables de la Administración…». El tono del escrito era mesurado, respetuoso, eso sí. Pero sus autores no tenían la menor duda de que hasta la fecha solo se habían dado «pasos tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones cometidas durante la guerra civil y la dictadura».

En cuanto a la ley de memoria histórica elaborada en la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo llamó la atención sobre su «limitado alcance». Denunció que siguiera vigente la preconstitucional ley de amnistía de 1977. Y, por lo que les tocaba a los familiares de los fusilados -había hablado con centenares de ellos-, opinaba que su sufrimiento tan prolongado se convertía en «la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se haya esclarecido».

Rajoy había declarado, en febrero del 2008, que eliminaría de la ley de la memoria histórica todos los artículos que hablaban de utilizar dinero público para «recuperar el pasado». Ya lo sabemos, el PP desprecia que se hable de «reconciliación» e insiste siempre en que buscar a los muertos del otro bando es «remover el odio», «reabrir heridas»… El presidente ha sido fiel a su palabra. No ha suprimido ningún artículo de la ley, es cierto, pero sí ha impedido que lleguen los fondos necesarios para que las asociaciones privadas puedan llevar a cabo las exhumaciones deseadas. Además, el Gobierno ha cerrado la oficina de atención a las familias, creada por los socialistas: un detalle desdeñoso que lo dice todo.

El 2 de julio pasado, el grupo de trabajo hizo público su informe definitivo. Es un documento devastador, implacable. Su redactor, Ariel Dulitzky, afirma que la más importante de las recomendaciones -son 42- es que «el Estado asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas». Reputa también crucial que la judicatura deje de utilizar la ley de amnistía para no investigar. El grupo de trabajo está al tanto de los obstáculos para acceder a ciertos archivos (los de la Iglesia, por ejemplo). Y reconoce que en Catalunya, Andalucía y el País Vasco las cosas se han hecho, y se están haciendo, bastante mejor. Lo fuerte es que le da al Gobierno un plazo de 90 días para que indique qué medidas va a adoptar para implementar sus sugerencias. Me imagino la reacción del Ejecutivo. ¿Cómo se atreven a meter las narices en nuestros asuntos internos estos pelmazos extranjeros? ¿No nos bastaba ya con la intromisión de la jueza argentina?

Yo no espero nada en este terreno del Gobierno actual, que hará lo posible para no cumplir con sus obligaciones hacia los inmolados y los suyos. Lo positivo (espero no equivocarme) es que el PP no volverá nunca en solitario a la Moncloa. Hemos cruzado el rubicón, ahí está Podemos (que previsiblemente va a seguir subiendo como la espuma), y los dos principales partidos ya están más o menos empatados. Habrá pactos electorales, quiero creerlo, para asegurar que los populares no retomen las riendas. Lo que me preocupa ahora, en consecuencia, no es el PP sino el PSOE. Y es que no he visto ninguna declaración de intenciones por parte de Pedro Sánchez relativa a las fosas de la dictadura. O al Valle de los Caídos. Y es inquietante porque, de no resolverse cuanto antes este gravísimo problema, pienso que España nunca estará en condiciones de afrontar el futuro con la conciencia tranquila.

Por todo lo cual es muy de desear que Pedro Sánchez nos diga pronto si ha leído el informe del grupo de trabajo de la ONU, y cuál va a ser su política en la materia si llega a ser presidente del próximo Gobierno. También sería positivo que se pronunciara sobre el asunto otro líder como Pablo Iglesias. Creo que tenemos derecho a saber a qué atenernos.

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