SOLICITAMOS NUEVAS INDAGATORIAS – SE ORDENEN DETENCIONES INTERNACIONALES
Señora Juez:
Ricardo Daniel Huñis  y Máximo Castex, por la querella, manteniendo el domicilio legal constituido en Av. Corrientes 1515, Piso 2º “A”, de esta ciudad, en la causa Nº 4.591/10, caratulada “N.N S/ GENOCIDIO”, a V.S. decimos:

El viernes 27 de febrero del corriente comparecieron ante el Consulado argentino de Madrid las personas que seguidamente se indican  relatando los hechos que igualmente se señalan, a efectos de que sus denuncias fueran remitidas al Juzgado al que nos dirigimos para ser incorporadas a la causa 4591/10, 

	Iñaki Gómez Sarasola: denunció el asesinato de su abuelo Rafael Gómez Jaúregui , veterano luchador antifranquista, por parte de efectivos de la Guardia Civil el 12 de mayo de 1977 en  Rentería,  durante la violenta represión que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad del Estado en la denominada Semana Pro Amnistía (del 8 al 15 de mayo de 1977), en la que hubo otros muertos y heridos.
	El Gobernador Civil de Guipúzcoa justificó la actuación de la Guardia Civil aludiendo al clima de coacción creado por las manifestaciones.
	Se abrieron diligencias judiciales que fueron sobreseídas por no haberse identificado al autor de los disparos.
	Ningún tipo de medida legal fue adoptada para deslindar las responsabilidades que Rodolfo Martín Villa, que era Ministro de Gobernación, el Gobernador Civil de Guipúzcoa o el oficial al mando de la Guardia Civil, tuvieron en el crimen.

	Ángel Cano Pérez: denuncia el asesinato de su hermano José Luis Cano Pérez, por parte de efectivos de la Policía Armada en Iruñea–Pamplona el 14 de mayo de 1977. El alcalde de Antsoain-Ansoaín, Alfredo García, fue testigo de los hechos y relató como José Luis Cano fue brutalmente golpeado por varios miembros de dicho cuerpo policial antes de ser asesinado por disparo de un arma de fuego y como siguió siendo golpeado después de recibir el disparo.
	El hecho se produjo durante la denominada Semana Pro Amnistía, que fue declarada en todas las provincias del País Vasco y Navarra. A pesar de la notoriedad del asesinato no se abrieron diligencias judiciales.
	Ningún tipo de medida legal fue adoptada para deslindar las responsabilidades que Rodolfo Martín Villa, que era Ministro de Gobernación, los efectivos que participaron en los golpes y el asesinato y el oficial al mando de la Policía Armada, tuvieron en el crimen.

	Juan María Zulaika: Presentó denuncia por el asesinato en Bilbao de Francisco Javier Nuñez, por encargo y en nombre de su hija, impedida de presentarla personalmente. Su padre fue golpeado brutalmente por la Policía Nacional el 15 de mayo de 1977 en una manifestación cuando iba con ella que tenía muy pocos años. Detenido a los pocos días a la salida del juzgado donde fue a denunciar los hechos, volvió a ser golpeado brutalmente y obligado a beber a la fuerza coñac y aceite de ricino, lo que le produjo la muerte al cabo de trece días de dolorosa agonía con vómitos y hemorragias, en concreto el día el 29 de mayo.
	No se abrieron diligencias penales. Los médicos ocultaron el motivo de su fallecimiento, aunque testificaron que presentaba severas contusiones en nalgas y espalda. La policía sostenía que se debió a una cirrosis hepática. La familia sufrió amenazas en el funeral y posteriormente, incluso en el año 2000 cuando la hija acudió al Gobierno Civil en busca de documentos.
Tampoco fue adoptada medida legal alguna para deslindar las responsabilidades que Rodolfo Martín Villa, que era ministro de Gobernación, y el  Gobernador Civil de Bizkaia-Vizcaya tuvieron en el crimen.

	Juan José Zabala Erasun: amplió la querella que ya tiene presentada ante el Juzgado argentino por el asesinato de su hermano José María Zabala Erasun por parte del guardia civil Enrique Pascual Diogo en Hondarribia - Fuenterrabía el 8 de septiembre de 1976 durante la represión de una manifestación en que otras personas fueron gravemente heridas. 
	Se abrió un procedimiento penal contra dicho guardia civil pero fue sobreseído por aplicación de la ley de amnistía.
	Ningún tipo de medida legal fue adoptada para deslindar las responsabilidades que Rodolfo Martín Villa, que era Ministro de Gobernación, y el mando de la Guardia Civil a cargo del operativo represivo tuvieron en el crimen.

	José Luis Fernández Menchaca: denunció el asesinato de su madre María Norma Menchaca Gonzalo por parte de grupos parapoliciales el 9 de julio de 1976 en Santurtzi - Santurce  durante el trascurso de una manifestación para solicitar amnistía para los presos políticos. Fue identificado, entre quienes dispararon, un conocido miembro de los “guerrilleros de Cristo Rey”. 
	Al día siguiente uno de sus hijos, hermano del denunciante, fue a presentar denuncia ante el Gobernador Civil de Bizkaia - Vizcaya, comprobando atónito que salía de su despacho el presunto asesino de su madre. No fue detenido a pesar de los reiterados pedidos de su hermano.
	En el mismo día fueron heridos de gravedad por parte del mismo grupo, que era protegido por la policía, Sebastián Peña y José Unamuno.
	Se abrieron diligencias penales por parte del Juzgado de Instrucción nº 5 de Bilbao que fueron sobreseídas, insólitamente  “…al no aparecer elementos suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor del delito perseguido.”
	Ningún tipo de medida legal fue adoptada para deslindar las responsabilidades que Rodolfo Martín Villa, que era Ministro de Gobernación, y el Gobernador Civil de Bizkaia - Vizcaya tuvieron en el crimen.

	Manuel García Ruiz:  Denunció el asesinato de su hermano Arturo Ruiz García, de 19 años, obrero y estudiante, en la mañana del día 23 de enero de 1977 en Madrid, cuando asistía a una manifestación convocada para reclamar pacífica y democráticamente la amnistía de los presos políticos de la dictadura franquista. 
	Los manifestantes fueron acosados por un grupo de ultraderechistas identificados como Guerrilleros de Cristo Rey. Entre ellos se encontraban Jorge Cesarsky Goldstein y José Ignacio Fernández Guaza. Éste último, con una pistola que le facilitó el primero, disparó contra Arturo Ruiz causándole la muerte. Los asesinos huyeron inmediatamente del lugar de los hechos. 
	Fernández Guaza nunca fue hallado. Cesarsky en cambio, fue detenido al día siguiente, sometido a juicio y posteriormente condenado. 
	Tras el asesinato, Cesarsky subió a un taxi que se dirigió a la C/ Rey Francisco adonde se encontraba la Dirección General de Seguridad. Cesarsky allí bajó, entró en las dependencias y habló con un agente llamado Antonio del Amor García quién, en la declaración testifical contenida en las actuaciones del caso, manifestó que a Cesarsky lo conocía por sus amistades dentro del cuerpo y que ese día le entregó un papel en el que constaban números de matrículas de coches que según él estaban circulando por los alrededores de la manifestación Pro-Amnistía. 
	Sistemáticamente fue denegada la reapertura de la causa solicitada por la familia de Arturo Ruiz para que se extendiera a otros responsables y a Fernández Guaza.
	Ningún tipo de medida legal fue adoptada para deslindar las responsabilidades que Martín Villa, que era Ministro de Gobernación, o el responsable de la Dirección General de Seguridad, tuvieron en la comisión del crimen.

	Alfredo Grimaldos Feito: Licenciado en Ciencias de la Información. Periodista de investigación Escritor. Autor de numerosos libros sobre el franquismo.
	Aportó a la causa su investigación sobre los crímenes dell franquismo desde el 3 de marzo de 1976 en que se produjo la matanza de Vitoria - siendo Martín Villa ministro de Relaciones Sindicales y por la que está ya imputado en la causa  - hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. 
	En dicha investigación constan los casos denunciados por quienes comparecieron ante el Consulado argentino de Madrid, así como muchos otros que darán lugar a futuras solicitudes de imputación.
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	En el período que medió entre julio de 1976 y el  15 de junio de 1977, con Martín Villa como Ministro de Gobernación, las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales cometieron decenas de asesinatos siendo la regla la impunidad de sus autores.
	La totalidad de los hechos a que se refieren estas denuncias se produjeron en el período en que Rodolfo Martín Villa, ya imputado en esta causa por la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976, era Ministro de la Gobernación, cargo equivalente al de Ministro del Interior y, en virtud de ello, era el máximo responsable de las fuerzas represivas del Estado.
	Como igualmente las denuncias ponen de manifiesto, Martín Villa nunca fue indagado ni investigado por estos hechos delictivos.
	Tampoco lo fueron las personas que participaron directamente en la ejecución de los mismos, sus inmediatos superiores o aquellos que, en cada lugar, eran los principales responsables de las fuerzas de represión.
	Conforme a los antecedentes de cargo enunciados entendemos que  existen motivos suficientes para que V.S. proceda conforme con el art. 294 del C.P.P.N. y, a tales fines, dicte órdenes internacionales de detención respecto de 
1)	Rodolfo Martín Villa en relación con los homicidios agravados de Rafael Gómez Jaúregui acaecido en Rentería (Guipúzcoa) el 12 de mayo de 1977; José Luis Cano Pérez, acaecido en Pamplona (Navarra) el 14 de mayo de 1977; Francisco Javier Núñez, acaecido en Bilbao el 15 de mayo de 1977; José María Zabala Erasun acaecido en Hondarribia-Fuenterrabía (Guipúzcoa) el 8 de septiembre de 1976; María Norma Menchaca Gonzalo acaecido en Santurce (Bilbao) el 9 de julio de 1976; Arturo Ruiz García, acaecido el 23 de enero de 1977 en Madrid.
2)	El que fuera gobernador civil de Guipúzcoa y el oficial de la guardia civil al mando del operativo que reprimió la manifestación en que fue asesinado Rafael Gómez Jaúregui  el 12 de mayo de 1977 en Rentería.
3)	El mando de la Policía Armada que dirigía el operativo represivo que  provocó el asesinato de José Luis Cano Pérez el 14 de mayo de 1977 en Pamplona.
4)	El que fuera gobernador civil de Vizcaya cuando fue asesinado Francisco Javier Núñez el 29 de mayo de 1977 en Bilbao.
5)	El guardia civil Enrique Pascual Diogo y el oficial de la guardia civil al mando del operativo que reprimió la manifestación en que fue asesinado José María Zabala Erasun el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia- Fuenterrabía.
6)	El que fuera gobernador civil de Vizcaya cuando fue asesinada María Norma Menchaca Gonzalo el 9 de julio de 1976 en Santurce.
7)	Jorge Cesarsky Goldstein, José Ignacio Fernández Guaza y el que fuera responsable de la Dirección General de Seguridad cuando fue asesinado Arturo Ruiz García el 23 de enero de 1977 en Madrid.
          
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. NORMATIVA NACIONAL
1. NORMAS SUSTANTIVAS
Los homicidios de los que resultan responsables los nombrados en las denuncias son sancionables con las penas de reclusión o prisión perpetua prevista en el artículo 80, inciso 6º del Código Penal (homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas), conforme a la regla de participación criminal prevista en su artículo 45 (ya sea que se los considere coautores, autores mediatos, cooperadores necesarios o inductores).
Todo ello sin perjuicio de la aplicación de penas más benignas en su caso, si así resultare de las sanciones previstas en el Código Penal en el momento de la comisión de los hechos.
 
II.-    NORMATIVA INTERNACIONAL
Reiterando lo ya manifestado en otros escritos de similar tenor al presente destacamos que los delitos que motivan nuestro pedido han sido instrumentales para la comisión de un genocidio o, subsidiariamente, constituyen crímenes de lesa humanidad,  por lo que, en uno u otro caso, la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de justicia universal conforme hemos argumentado en el escrito inicial de querella presentado el 14 de abril de 2010, nos remitimos a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a la que se han adherido la República Argentina el 5 de junio de 1956 y  el Reino de España el 13 de septiembre de 1968, y a la normativa internacional que consagra, como norma de ius cogens, la obligación de los Estados de perseguir dicho crimen. 
El artículo I de la Convención contra el Genocidio establece el compromiso de las Partes contratantes de prevenir y sancionar el delito de genocidio, que se considera un delito de derecho internacional.

Es innegable la importancia que la comunidad internacional ha asignado a la persecución internacional, y no sólo por parte del Estado del territorio, del crimen de genocidio.

El artículo VII de la citada Convención se refiere al caso en que fuese procedente recurrir a la extradición y dispone que las Partes contratantes se comprometen a conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados vigentes.

TRATADO DE EXTRADICIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA  REPÚBLICA ARGENTINA Y EL REINO DE ESPAÑA
Todas las personas cuya imputación y detención a efectos de que presten declaración indagatoria se solicita en el presente escrito, tienen fijada su residencia en España. Por tal motivo, y sin perjuicio del dictado de órdenes internacionales para que sean detenidos allí donde se encuentren, procede que V.S. curse específicamente a las autoridades españolas pedido de detención, en el marco del procedimiento de extradición previsto en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal celebrado entre la República Argentina y el Reino de España el 3 de marzo de 1987 y ratificado por España el 26 de febrero de 1990.

Dicho Tratado, en su artículo l º, dice:

“Las Partes contratantes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad que consista en privación de libertad”.
El texto del artículo 3 señala que darán lugar a extradición conforme al Tratado “los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean Parte”.

Esta disposición se vincula con nuestra referencia a la Convención contra el Genocidio y a la Convención contra la Tortura.

El artículo 10 del Tratado señala que la extradición podrá ser concedida cuando la parte requirente diese seguridades de que la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior en grado a la pena de prisión a perpetuidad, cuando ésta fuera la que procediera conforme a su legislación.

Se solicitará que así se disponga.

El artículo 11, en su apartado a), establece que podrá ser denegada la extradición cuando fueren competentes los tribunales de la parte requerida, salvo cuando ésta haya decidido o decidiese no iniciar proceso o poner fin al que estuviese tramitando.

Como es notorio, y ya ha sido puesto de manifiesto y acreditado reiteradamente, esta última es la situación en España en relación con los delitos que se investigan en la presente causa.

El apartado b) del mismo artículo dispone que la extradición podrá igualmente ser denegada cuando el delito se hubiere cometido fuera del territorio de la parte requirente y la ley de la parte requerida no autorizase la persecución de un delito de la misma especie cometido fuera de su territorio.

Esta situación no concurre en el presente caso, no sólo por la naturaleza de crímenes internacionales a efectos de extradición en cualquier caso, sino, además, porque en España la Ley Orgánica 6/1985, de 1º de julio, del Poder Judicial, establece en su artículo 23.4 la jurisdicción universal para la persecución de determinados delitos, entre otros los de genocidio y los de lesa humanidad.

El artículo 15 del Tratado se refiere concretamente a la solicitud de extradición.

El párrafo 1 de dicho artículo 15 indica que la solicitud de extradición se formalizará por escrito y será transmitida por vía diplomática.

En su párrafo 2 determina la documentación que debe acompañarla.

Su apartado a) señala que debe adjuntarse, en lo que a la presente petición importa, copia del auto de prisión o resolución análoga, según la legislación de la parte requirente, con relación sumaria de los hechos y lugar y fecha en que se cometieron.

Los hechos imputados y el lugar y fecha, precisa en algunos casos y aproximada en otros, se han expuesto en el presente escrito.

El apartado b) establece que deben exponerse cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia de los sujetos reclamados y, si fuera posible, sus fotografías y huellas dactilares.

Las circunstancias concurrentes en cada caso determinan que por parte de las autoridades españolas sean fácilmente identificables y localizables todos y cada de aquellos cuya imputación se solicita por el presente,

                      Su apartado c) estipula que debe unirse copia o transcripción de los textos legales que tipifican y sancionan el delito con expresión de las penas o medidas de seguridad aplicables, las que establecen la competencia de la parte requirente y las referentes a la prescripción de la acción y de la pena o medida de seguridad.

Se han señalado las disposiciones aplicables del Código Penal y del Código Procesal de la Nación así como las penas aplicables.

La jurisdicción de los Tribunales argentinos para supuestos como el presente viene establecida por el artículo 118 de la Constitución Nacional y la competencia atribuida, por el artículo 5 de la ley 26.200 sancionada el 13 de diciembre de 2006, a los tribunales federales con competencia en lo penal.

Los crímenes que se investigan en la presente causa tienen el carácter de imprescriptibles, como señala reiterada doctrina de nuestros tribunales inferiores y de la Corte Suprema, conforme viene establecido en el Derecho Internacional y el carácter de norma de ius cogens de la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio de 26 de noviembre de 1968 y su aplicación erga omnes. En el Código Penal español viene así establecido expresamente en el artículo 131.4.

El apartado d) reitera que la parte requirente debe dar seguridades de que se aplicará en su caso la pena inmediatamente inferior en grado si a los imputados les correspondiera una pena privativa de libertad a perpetuidad.

Se solicitará expresamente que así se garantice.

El párrafo 1 del artículo 24 del Tratado dispone que las autoridades competentes de la parte requirente podrán solicitar, en caso de urgencia, la detención preventiva a la parte requerida.

La gravedad de los delitos cometidos por una parte y, por otra, la posibilidad cierta de que los imputados, al tener conocimiento del pedido, pretendan previsiblemente sustraerse a la acción de la justicia, abonan la necesidad y urgencia de que sean detenidos en tanto se tramita la solicitud de extradición.

El párrafo 2 del artículo 24 establece que con el pedido de detención preventiva se deberá acompañar copia del auto de prisión o resolución análoga haciendo constar la intención de cursar seguidamente una solicitud de extradición, haciéndose mención al delito por que se solicitará, el tiempo y lugar de su comisión y, en la medida de lo posible, la filiación de la persona reclamada.

Como se ha señalado, los datos requeridos por esta disposición se aportan con el presente escrito.

Finalmente, el párrafo 3 alude a las distintas modalidades en que puede remitirse la solicitud de detención preventiva mencionando las siguiente: forma postal, telegráfica o cualquiera que deje constancia escrita, por vía de lo dispuesto en el art. 15, es decir por vía diplomática o por comunicación a la Oficina Internacional de Política Criminal.

A esta disposición nos remitimos debiendo V.S. decidir la que entienda más adecuada para el fin propuesto.

En todo caso, y teniendo en cuenta las dificultades que se han producido con los últimos pedidos de detenciones solicitados a través de INTERPOL, esta parte entiende como el modo más adecuado de comunicación sería solicitar las detenciones a las autoridades españolas en forma escrita, por vía postal o telegráfica, o por vía diplomática.

Por todo lo expuesto, solicitamos:

1.- Se fije audiencia indagatoria, a tenor de lo dispuesto  en el  art. 294 del CPPN, respecto de las siguientes personas:

-	Rodolfo Martín Villa en relación con los homicidios agravados de José María Zabala Erasun acaecido en Hondarribia- Fuenterrabía (Guipúzcoa) el 8 de septiembre de 1976; María Norma Menchaca Gonzalo acaecido en Santurce (Bilbao) el 9 de julio de 1976; Rafael Gómez Jaúregui acaecido en Rentería (Guipúzcoa) el 12 de mayo de 1977; José Luis Cano Pérez, acaecido en Pamplona (Navarra) el 14 de mayo de 1977; Francisco Javier Núñez, acaecido en Bilbao el 15 de mayo de 1977; Arturo Ruiz García, acaecido el 23 de enero de 1977 en Madrid.
-	El que fuera gobernador civil de Guipúzcoa y el oficial de la guardia civil al mando del operativo que reprimió la manifestación en que fue asesinado Rafael Gómez Jaúregui  el 12 de mayo de 1977 en Rentería.
-	El mando de la Policía Armada que dirigía el operativo represivo que  provocó el asesinato de José Luis Cano Pérez el 14 de mayo de 1977 en Pamplona.
-	El que fuera gobernador civil de Vizcaya cuando fue asesinado Francisco Javier Núñez el 29 de mayo de 1977 en Bilbao.
-	El guardia civil Enrique Pascual Diogo y el oficial de la guardia civil al mando del operativo que reprimió la manifestación en que fue asesinado José María Zabala Erasun el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia- Fuenterrabía.
-	El que fuera gobernador civil de Vizcaya cuando fue asesinada María Norma Menchaca Gonzalo el 9 de julio de 1976 en Santurce.
-	Jorge Cesarsky Goldstein, José Ignacio Fernández Guaza y el que fuera responsable de la Dirección General de Seguridad cuando fue asesinado Arturo Ruiz García el 23 de enero de 1977 en Madrid.

                    2) Se dicte orden de detención a efectos de que los mismos sean llevados a presencia de V.S. para que presten declaración indagatoria;

3) Se libren órdenes internacionales de detención a través de INTERPOL para todos los países del mundo, menos España, contra las personas referidas para que sean detenidas adonde sean hallados con mención de que, a partir de ese momento, se cursará pedido de extradición a las autoridades del país en que se encuentren;

4) Se curse solicitud de prisión preventiva específicamente al Reino de España, por vía postal o telegráfica, o por vía diplomática dirigida directamente a las autoridades españolas, indicándoles que se diligenciará seguidamente solicitud de extradición por vía diplomática. Se acompañe con dicha solicitud la orden de detención haciendo mención a los delitos cometidos, el tiempo y lugar en fueron perpetrados y los datos de filiación de los reclamados como exige el párrafo 2 del artículo 24 del Tratado. Se ofrezcan seguridades de que, en los casos en que corresponda pena privativa de libertad a perpetuidad, se aplicará la pena inferior en grado. 
Proveer de conformidad que,
Será justicia