La jueza argentina María Servini de Cubría pretende que los servidores del régimen franquista respondan por sus actuaciones delictivas, en el más amplio proceso a la dictadura jamás acometido. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina bien conoce la primacía habitual del “derecho de Estado” sobre los derechos humanos. El Gobierno español no ha respondido, 90 días después, a las 42 recomendaciones establecidas por dicho Grupo de Trabajo de Naciones Unidas.