Asi continúa la lucha por una ley de bebés robados. Artículo de Soledad Luque demandando la ley que lleva 6 años pendiente de ser aprobada.
Artículo 14/Soledad Luque
https://www.articulo14.es/sociedad/sin-descanso-20240817.html
Soledad Luque, la presidenta de “Todos los niños robados son también mis niños”, exige a los grupos políticos que cumplan con su compromiso de aprobar una norma para dar consuelo a las familias
En agosto, en plena canícula estival, parece que toda preocupación se diluye entre el sopor, el relax, y el mayor tiempo libre que permite reconfortantes actividades veraniegas a los que consiguen tener algún tiempo de vacaciones. Un paréntesis temporal de algunos días, o de semanas los más afortunados, en que se intenta dejar fuera el estrés cotidiano producto de cuitas a las que atender y solucionar durante el resto del año.
Es un momento, igual que en Navidad o como en todas las fechas señaladas de descanso, donde las familias suelen tener más tiempo para compartir. Bueno, no todas. Hay familias que siempre han tenido sillas vacías en las celebraciones, regalos que no se han dado en cumpleaños, paseos al lado del mar donde se siente la falta de una mano a la que agarrarse, juegos no compartidos… Son, somos, familias con huecos, con ausencias absolutamente, y siempre, presentes.
Estos vacíos no deberían verse como fruto de tragedias familiares o individuales, sino que afectan a toda la sociedad. Ni son hechos que debieran quedarse en el pasado porque las consecuencias todavía las seguimos sufriendo en nuestro día a día.
Las desapariciones forzadas de miles de menores, lo que socialmente se conoce como ‘bebés robados’, es un delito continuado en el tiempo solo resuelto cuando se encuentra al desaparecido, vivo o muerto. Tan continuado y permanente como la angustia y aflicción que provoca en los familiares que los buscan.
Este crimen, imprescriptible según el Derecho Internacional de Derechos Humanos, se produjo durante la dictadura franquista hasta entrada la democracia. En un primer momento separando a los niños y niñas de las mujeres antifranquistas en las cárceles y simulándose su fallecimiento en las maternidades en etapas posteriores, pero siempre como fruto de las represiones ejercidas por el franquismo por motivos eugenésicos, políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales, y de género. Continuó hasta bien entrada la democracia donde nunca se investigaron esos crímenes, como ninguno de los demás crímenes de la dictadura ni de la transición, ni se terminó con la impunidad heredada.
Como crimen de Estado en un contexto dictatorial, con derivaciones en la democracia, es el Estado el que debe tomar medidas para la obtención de la verdad de los hechos ocurridos, de la justicia y reparación que merecen las víctimas y para asegurarse de que esta barbarie no se repita nunca más. Este es el propósito que nos mueve desde hace años, nuestra razón de ser, que se ha concretado en la promoción e impulso de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español: desaparición forzada de menores. Esta iniciativa legislativa lleva en el Congreso de los Diputados desde 2018, un periplo de dos legislaturas cuya trayectoria resultó tan extensa como intensa; así como también ha sido incomprensible para las víctimas la ralentización y, en algunos momentos, el bloqueo de su tramitación parlamentaria.
Esta es la tercera legislatura en que los Grupos parlamentarios han hecho de nuevo el registro de la Proposición y con ello surge en el colectivo de víctimas una ilusión renovada. No es una ilusión por candidez, sino por necesidad. Es imprescindible mantener la esperanza para seguir adelante, a pesar del cansancio, de la frustración repetida, del desasosiego y la incertidumbre, y del dolor que nos produce la pérdida de tantas víctimas que fallecen sin saber la verdad y sin conseguir justicia.
Somos conscientes de que todas las leyes llegan tarde, esta también, pero después de dos legislaturas, esta tiene que ser la definitiva, no podemos esperar más, nuestros políticos no deben hacernos esperar más. Esta ley es necesaria porque vivimos en un Estado de Derecho que debe proteger a todas las víctimas en el reclamo de sus garantías fundamentales. Con esta normativa se ampara a todas las personas que sufrieron este crimen, tanto en la dictadura como después, y tanto a las familias que buscan como a las personas en busca de su identidad de origen.
Conocemos, por las conversaciones mantenidas, el compromiso de los Grupos parlamentarios que apoyan la Proposición para que la ley salga aprobada en esta legislatura. Un compromiso que exhortamos a cumplir. Estaremos vigilantes, seguiremos trabajando hasta que la Ley sobre ‘bebés robados’ vea la luz, y lo haremos sin descanso.
Estupendo reportaje del periodista Alejandro Lopez de Miguel sobre ‘bebés robados’ para Artículo14. Expone el caso de nuestra compañera Cristina Serrano Mesa, que al buscar a su hermana de 1956, averiguó que tenía otros 4 hermanos desaparecidos 👇🏻
Artículo 14/Alejandro López de Miguel
Seis años parada
Seis años en el limbo: la lucha de las familias por una ley de ‘bebés robados’
La norma para facilitar las investigaciones sobre el robo de neonatos durante el franquismo y la Transición volvió al Congreso en mayo. Víctimas denuncian la “ausencia de voluntad política”
El texto de la ley de ‘bebés robados’ lleva siete años redactado, y han pasado seis desde que aterrizó en el Congreso de los Diputados por primera vez. Ha desembarcado en la Cámara en tres legislaturas, con unanimidad o respaldo masivo por parte de los grupos, pero en la última legislatura vio prorrogado el plazo para que los grupos presentaran enmiendas en más de un centenar de ocasiones. Esperó en vía muerta. El adelanto electoral del 23-J, hizo que decayera, como ocurrió con otras leyes, y cómo ya había pasado cuatro años antes.
Ahora, las familias esperan que la proposición de ley reinicie su tramitación en el próximo curso político, a partir de septiembre. Distintos partidos defienden su compromiso con la norma, pero no especifican plazos concretos de tramitación. El texto llegó a la Cámara por última vez a finales de mayo, con la firma de los grupos Sumar, Junts per Catalunya, Republicano y EH Bildu, y con el aval de los partidos Podemos y BNG. PP, PSOE y PNV no lo han rubricado en esta ocasión, pero sí han comprometido sus apoyos para que pueda verse plasmada en el BOE de una vez por todas, como explica Soledad Luque. Es la portavoz de la Coordinadora Estatal de apoyo a la querella Argentina-CeAqua en esta materia, y presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, responsable del texto original. La proposición de ley tiene el apoyo de varias asociaciones de víctimas de todo el territorio español, así como el de organizaciones como Amnistía Internacional.
“Tenemos la esperanza de que esta tercera legislatura sea la definitiva”, asegura Luque a Artículo 14. “No olvidemos que existe un acuerdo programático donde los socios de Gobierno, Sumar y PSOE, se comprometen a aprobar la ley”. Apunta que ya han conversado con todos los grupos, excepto con “la extrema derecha, que siempre ha mostrado su rechazo a esta iniciativa legislativa”. “Todos han designado a uno o dos diputados para hablar y trabajar con nosotras el texto y sacar adelante la ley lo antes posible. Hay mucho adelantado”, afirma.
Hasta ahora, más allá del efecto que tiene cualquier adelanto electoral en las leyes en tramitación, y del retraso por las “valoraciones” que hiciera en su día el Ministerio de Justicia, que “se alejaban mucho de su esencia”, las víctimas aseguran que esta tardanza se puede explicar en una idea. “Lo que había era una ausencia de voluntad política para comprometerse con las víctimas y sacar pronto la Ley. Se sacaron muchas otras leyes, también muy importantes, sin tanto problema”.
En junio, la proposición de ley volvió a ser calificada por la Mesa, y ahora está a la espera de que el pleno vote su admisión a trámite, el primer paso de su andadura parlamentaria. En esencia, la norma persigue garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición. Aboga por el impulso de las investigaciones, garantizando el acceso a todo tipo de archivos, incluidos los de la Iglesia Católica; la creación de una Fiscalía especializada, una unidad de investigación de la Policía Judicial, o un banco público de ADN. También abarca la realización de exhumaciones con cargo al Ministerio de Justicia; y el derecho a atención médica, jurídica y psicológica gratuita, así como la celebración de campañas de información y difusión sobre estos delitos.
La proposición de ley no contempla indemnizaciones, y Luque apunta a que es un planteamiento que “siempre” ha sido un consenso entre las asociaciones. “Siempre hemos dejado claro que nuestro objetivo es conseguir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y esa reparación, como se puede ver en el texto, nada tiene que ver con indemnizaciones”, incide.
Un camino accidentado y un informe perdido
El camino seguido por la ley en sus distintos periplos parlamentarios ha sido accidentado. En la primera ocasión, en 2018, recibió el aval de todo el arco parlamentario, pero la convocatoria de elecciones pocos meses después bloqueó su camino. En 2020, ya en la XIV Legislatura, pasaron tres meses y 20 días desde que la ley recibió el aval de la Mesa hasta que se celebró el pleno por el que se inició su tramitación.
Vox cambió de tercio y se posicionó en contra, asegurando que la trama de robos de bebés era un “invento” de la “izquierda socialcomunista”. El partido de Santiago Abascal defendió la existencia de “una campaña de propaganda” liderada por medios de comunicación de izquierdas, para “sentar al franquismo en el banquillo”. Según su versión, “no se robaron niños en ninguna trama por parte de ningún régimen”.
La norma logró el aval del resto de grupos parlamentarios. El pleno de toma en consideración se celebró el 23 de junio, exactamente tres años antes de las elecciones por las que, de nuevo, la ley decaería. Antes de esas elecciones, los Ministerios de Presidencia y Justicia se reunieron telemáticamente con los grupos parlamentarios que sustentaban a la coalición (Socialista y Unidas Podemos). Los Ministerios cuestionaron varios aspectos de la norma, entre ellos “cuestiones relacionadas con la reparación mediante la Justicia”, como explicaron fuentes del Congreso.
En enero de 2022, el socio minoritario remitió a Justicia un informe jurídico en el que sugería vías para superar esas deficiencias. Un año después, ya en enero de 2023, en el Ministerio no sabían aclarar qué había ocurrido con este texto. Por otro lado, una vez accedieron al cierre del plazo para registrar enmiendas, los socialistas registraron varias modificaciones, apostando incluso por cambiar el nombre y la exposición de motivos de la norma. Y renunciando a crear una Fiscalía especializada, entre otras materias.
En esa legislatura, el registro del Congreso solo recoge otra iniciativa sobre ‘bebés robados’: una pregunta escrita del PDeCat al Gobierno, interesándose por el impulso a la proposición de ley, entonces en el limbo. En la XII Legislatura (2016-2019), hubo cuatro preguntas escritas al Ejecutivo, una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos y aprobada en comisión, y hasta la solicitud de creación de una comisión de investigación. Llevó las firmas de PSOE y Unidas Podemos, y nunca llegó a materializarse.
Hay registro de preguntas al Gobierno con respuesta oral y escrita en otras legislaturas (2011-2016). A partir de ahí se pierde el rastro. En la XII Legislatura (2016-2019), cuando la ley aterrizó en la Cámara por primera vez, el Congreso aprobó la declaración institucional “sobre el reconocimiento público del drama del robo de bebés y la desaparición forzosa de menores”. Con las firmas de PP. PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y el grupo parlamentario Mixto, el texto se hace eco de las denuncias de estas desapariciones forzosas.
“Lamentamos no haber podido conseguir la aprobación de la ley en esta legislatura en la que, sin embargo, se ha avanzado en la consecución de consensos importantes que trabajaremos por mantener, sobre todo porque las víctimas necesitan contar con instrumentos eficaces en la investigación de la verdad en las desapariciones de menores que de forma repetida han ocurrido en este país, con el consiguiente dolor y sufrimiento para las personas afectadas”, reza la declaración aprobada por la Cámara Baja. Fue el 28 de febrero de 2019. Han pasado cinco años.