Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo

En Barcelona, por la justicia

Los grupos catalanes de derechos humanos presentaron formalmente el caso por los delitos de lesa humanidad del régimen, que se lleva a cabo en Buenos Aires. Carlos Slepoy y el ex fiscal español Mena lo describieron.

Flor Ragucci, Página12, 18.12.2014

La querella impulsada desde la Argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo fue presentada oficialmente en Barcelona en una mesa redonda. Sus integrantes fueron protagonistas de esta lucha histórica por la verdad y la justicia en ambos lados del mundo. El acto fue organizado por el Memorial Democràtic de la Generalitat de Cataluña en colaboración con la Asociación Catalana de Juristas Demócratas (ACDJ) y el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (Cejfe). Estuvieron el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia José María Mena y el abogado de los querellantes Carlos Slepoy. En la mesa explicaron la causa, uno desde su perspectiva como profundo conocedor del sistema judicial español y otro desde su implicación directa con la causa que instruye la jueza María Servini de Cubría.

También participaron familiares de desaparecidos y víctimas directas de la dictadura, que dejaron su testimonio y agradecieron emocionados el apoyo recibido desde la Argentina. Entre otros, estaban Carles Vallejo, sindicalista represaliado de la SEAT y actual presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH); Merçona, Imma, Carme y Montserrta Puig Antich, hermanas de Salvador, el último ejecutado por el garrote por el franquismo en 1974, y Antonio Martos, hermano de Cipriano Martos, antifascista y sindicalista que fue asesinado en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Reus el 17 de septiembre de 1973.

Plataforma catalana acto 17 dic 2014

Jordi Palou-Loverdos, director del Memorial Democràtic, inauguró el acto recordando que se enmarca en un proyecto que la institución lleva a cabo para que “la Ley de amnistía sancionada en 1977 deje de tener la interpretación que tiene hoy en día”. Palou-Loverdos empezó por el principio: si esta semana se presentó una querella que nació en la Argentina y no en España, es porque el gobierno del Partido Popular (PP) utiliza la Ley de Amnistía como una ley de punto final. El cuestionamiento es que la ley no es aplicable a crímenes de lesa humanidad como la desaparición de 150 mil personas desde el comienzo de la Guerra Civil en 1936 hasta el fin del franquismo en 1977.

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia José María Mena también criticó la interpretación dada a la normativa por el gobierno de Rajoy. “Una cosa es la verdad que todos sabemos y otra es la judicial, que no tenemos. Según el gobierno, la cuestión está suficientemente saldada con la Ley de Memoria Histórica. El gobierno dice que no es una ley de punto final porque no fue creada por una dictadura, sino pactada libremente por partidos democráticos durante la transición. Pero el pequeño detalle es que se sancionó en 1977 y la Constitución es del 1978”, advertía Mena.

La segunda crítica disparada hacia la política del PP en materia judicial se refirió a la modificación del artículo de la justicia universal, según el cual los crímenes en masa podían ser investigados en cualquier país cuando no fueran debidamente juzgados en su lugar de origen. Mena recordó cómo hace diez años la lucidez de un joven fiscal –trabajando a pocas cuadras de donde se celebraba el acto en Barcelona– hizo que se usara el principio de justicia universal contra los genocidas de la Argentina y Chile y “lió este gran terremoto del derecho penal, el más importante después de Nuremberg”, evocó el ex fiscal.

José María Mena explicó que, en su día, se le objetó a la justicia universal que se tratara de un verdadero colonialismo jurisdiccional. “Pero, en la práctica, eso no tiene sentido porque lo cierto es que la justicia universal sí se admite para Africa o América latina, y no para las torturas de Guantánamo o las masacres de Palestina o el Tíbet”, puntualizaba Mena. “Cuando Zapatero iba a aterrizar en Tel Aviv y le dijeron que no lo haría si no quitaba el articulito de la Constitución, salió una reforma parcial del artículo 23.4 ese mismo día. Luego, ya en tiempos de Rajoy, cuando la Audiencia Nacional dinamizó la causa contra los crímenes del Tíbet, los chinos los amenazaron con retirarles el préstamo y acto seguido se modificó la ley para que resultara inaplicable”, denunció.

Para concluir, el ex fiscal general dejó abierta la esperanza de que, también desde los juzgados españoles, pueda moverse la losa impuesta a la memoria en el país ibérico. “Lo que hasta aquí había sido imposible, y le costó la carrera a Baltasar Garzón, hace pensar que en España está todo perdido. Pero las leyes siempre se pueden interpretar en un sentido u otro, algún juez encontrará un recoveco y estos juristas de la Argentina nos van a enseñar cuál es el modelo”, recalcó.

Carlos Slepoy es uno de ellos. Junto a un equipo de abogados, en 2010 presentó la querella contra el franquismo en los tribunales de Buenos Aires y desde entonces mantiene un arduo proceso en el que los principales obstáculos son interpuestos por el gobierno y la justicia españoles. Pero a cada traba, la querella parece más fuerte. Por ejemplo, a partir de la prohibición de las videoconferencias solicitadas por la jueza María Romilda Servini de Cubría para que declararan las víctimas, los querellantes empezaron a viajar a la Argentina para hablar directamente con la jueza. Para Slepoy, fue “un acercamiento a la anhelada verdad judicial porque, por fin, las víctimas pueden ser escuchadas por la justicia”.

El último bloqueo de la Justicia española fue la negación de las solicitudes de extradición y detención de los torturadores Billy el Niño y González Pacheco. La Audiencia Nacional dictaminó que sus crímenes prescribieron por ser delitos aislados, algo “infumable –según Slepoy– cuando existen múltiples denuncias de fusilamientos y torturas”.

De todos modos, al abogado argentino no le faltan motivos para ser optimista porque su equipo cuenta con el apoyo de diversos partidos, cien municipalidades españolas y la inminente presentación en el Parlamento europeo de una iniciativa conjunta con Izquierda Unida y Podemos para exigir que se proceda a las detenciones. “En España puede suceder lo mismo que en la Argentina, donde el excepcional proceso de verdad y justicia que vivimos parecía impensable. Tenemos la sensación de que va a haber cambios políticos muy importantes en este país, y muy pronto, que van a favorecer la causa”, auguró Slepoy.

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