Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo

Franquismo: un nuevo rechazo de España a la justicia argentina

Juan Manuel Mannarino, Infojus Noticias, 25.03.2015

La jueza María Servini de Cubría había pedido el “arresto preventivo” de 20 personas acusadas por los crímenes del franquismo, y que fueran extraditadas a la Argentina. El gobierno español rechazó la orden por entender que los crímenes ya prescribieron. Ya hubo un pedido de extradición anterior, en 2013, y el país ibérico se negó.

En noviembre del año pasado, la jueza María Servini de Cubría solicitó que Interpol concrete el “arresto preventivo” de 20 personas acusadas por los crímenes del franquismo y que fueran extraditadas a la Argentina. Hace unos días, el gobierno español rechazó la orden por entender que los crímenes ya prescribieron. “Fue una decisión política tomada por el Consejo de Ministros. Es la primera vez que no actúa la justicia en estos casos, sino que es el actual gobierno español el que rechaza el pedido de extradición”, dijo a Infojus Noticias Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas.

La justicia argentina había ordenado, a fines de su extradición, la detención de veinte ciudadanos españoles, entre los que se encuentra personal sanitario, ex ministros y personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del franquismo. Son sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional en España, como la tortura o sustracción de menores, y que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Según los estándares internacionales y el tratado bilateral de extradición y asistencia Judicial en materia penal, “el Estado español debe proceder a la extradición si es que se niega a juzgar a los imputados en su tierra. Pero el gobierno de Rajoy, que tiene todo el derecho a negarse a una extradición, volvió a esquivar el juzgamiento de los crímenes del franquismo. Tanto en su tierra como en otros países. Y eso es lo que cuestionamos”, dijo Dulitzky.

Ya hubo un pedido de extradición y España no colaboró: en septiembre de 2013, la justicia argentina solicitó la cooperación de España para la extradición de los represores José Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachelo, alias “Billy el Niño”, acusados de haber cometido torturas. En abril de 2014 se rechazó la extradición  de ambos imputados.

Al igual que en la solicitud de extradición anterior, la jueza Servini de Cubría basó su competencia para investigar los presuntos delitos en el principio de jurisdicción universal, según el cual todos los estados están habilitados por igual para investigar los crímenes de derecho internacional, con independencia de dónde se hayan cometido dichos crímenes o de la nacionalidad de las víctimas o sus victimarios.

“El gobierno español debe cooperar”

“El gobierno español no cooperó en el pasado, pero debe cooperar ahora con la justicia argentina y proceder a la extradición de los ciudadanos españoles acusados de cometer delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad durante el franquismo”, dijeron desde Amnistía Internacional, que lanzaron un comunicado tras la decisión del  gobierno español y que adelantaron medidas junto con diversos mecanismos de Naciones Unidas, incluidos el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, el Comité para las Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre verdad, justicia y reparación. Amnistía ya elabiró un informe sobre los crímenes del franquismo.

Los fundamentos del gobierno español aún no se hicieron públicos, pero Dulitzly adelantó que se amparó en el principio de la extinción penal.  “Como representante de Naciones Unidas, dirigimos una carta al gobierno español. Expresamos la preocupación por esa medida porque deja en desamparo a las víctimas en su acceso a la justicia. Se ignora el derecho internacional, como disposiciones de la ONU que instan a España a cooperar con las leyes internacionales para investigar los crímenes de lesa humanidad”, concluyó Dulitzky.

En el comunicado, Amnistía citó un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que presentó un duro documento en el que lamentó la situación de impunidad existente en España, “donde no existe ninguna investigación judicial en curso ni ninguna persona condenada”. Destacó, además, los obstáculos que el propio Estado está poniendo a las familias de las víctimas.

En este sentido, el informe aseguró, que “desde el retorno a la democracia se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometida durante la Guerra Civil y la dictadura”. Dijo también que “estos avances se han logrado gracias a iniciativas impulsadas o llevadas a cabo principal o exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil. El Estado debería asumir su responsabilidad para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado global, coherente y permanente”.

Más de cien mil desapariciones

Hace unos años, la Audiencia Nacional de España declinó su competencia sobre la querella presentada en 2006 por homicidios y desapariciones forzadas (114.266 desapariciones) cometidos en España entre 1936 y 1951 a favor de juzgados territoriales. Desde entonces, Amnistía ha realizado un seguimiento de la actuación de estos juzgados y ha constatado que de los 47 casos derivados, al menos 38 se han archivado.

El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 101/2012 que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que,  para Amnistía Internacional, son contrarios al derecho internacional, entre ellos la vigencia de la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos de derecho internacional.

La Justicia argentina continúa investigando la querella interpuesta en 2010 por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977. Las autoridades judiciales argentinas han solicitado información en dos ocasiones a las autoridades españolas. La Fiscalía española, en sus informes respondió –sorprendentemente- que se está investigando, pese a reconocer el archivo de al menos 22 causas. Y ha pedido a Argentina que se abstenga de investigar, asegurando que es España quien tiene preferencia en la misma.

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