Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo

Fusilamientos y torturas del franquismo regresan a los tribunales españoles

Patricia Rafael, VICE NEWS, 30.06.2015

En cuanto Arquímedes García regresó a su pueblo natal tras el fin de la guerra civil española los que ganaron la contienda le detuvieron. Pero antes de meterle preso le llevaron atado a la iglesia donde le obligaron a bautizarse. La razón: su nombre «no era cristiano». Desde ese momento pasó a llamarse Ángel y con un nombre que no era el suyo fue torturado y condenado a tres años de cárcel por «desafecto del nuevo régimen y defensor de la República».

Su hija Alicia, que ahora tiene 66 años, declara el 1 de julio en un juzgado de Madrid para responder a las preguntas enviadas por la jueza argentina María Servini, instructora de la única causa abierta desde hace cinco años que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.

«Es una satisfacción para mí declarar ante un juez español aunque sea de manera indirecta», explica a VICE News.

El caso de la hija de Arquímedes es uno de las 12 querellas de víctimas de la dictadura presentadas en la causa argentina que ahora regresan a España en forma de comisiones rogatorias o exhortos, que la propia magistrada Servini envía para que los juzgados españoles tomen declaración a los denunciantes.

Han llegado comunicaciones a tribunales del País Vasco, Andalucía, Madrid y Cataluña, según ha informado el Ministerio de Justicia, que actúa como correa de transmisión junto a Exteriores al ser un caso que se investiga en el extranjero. Los hechos denunciados van desde torturas a mayores y niños, fusilamientos, detenciones ilegales o desapariciones.

No es la primera vez que un juzgado español toma declaración a petición de la jueza argentina y sin su presencia pero lo que nunca antes había ocurrido es que fuera un número tan elevado de exhortos. Hace un año, la magistrada Servini viajó a España en el marco de su investigación para entrevistarse con varias de las víctimas — varias de ellas testificaron entonces en juzgados españoles en presencia de la jueza — y ver los lugares donde se denunciaban algunos hechos.

Servini se quedó, sin embargo, sin tiempo para escuchar a todos los declarantes que tenía previstos pero después de marcharse, tres de ellos fueron llamados a declarar a dos juzgados de Mallorca y otro más a un tribunal de Miranda de Ebro, localidad de la provincia de Burgos.

«Es un paso importante el que ha dado ahora la jueza porque pone de manifiesto una voluntad de cooperar de los juzgados españoles», subraya a VICE News Ana Messuti, una de las abogadas de lo que se conoce como la ‘querella argentina’.

Hasta ahora, las declaraciones que iba reclamando la magistrada se habían realizado por vídeo conferencia desde la embajada argentina en España y era la propia jueza quien preguntaba directamente a las víctimas. Pero tras la suspensión de las últimas entrevistas — previstas para el pasado abril — debido a problema técnicos, la instructora del caso envió los exhortos mencionados el 15 de mayo.

Además de contar el caso de su padre Arquímedes, Alicia también responderá como víctima directa por las torturas que sufrió cuando tenía ocho años durante los casi tres meses que pasó en un centro para prevenir enfermedades como la tuberculosis, más conocidos como preventorios. La dictadura ofrecía estos lugares a familias con pocos recursos para que sus hijos pasaran allí las vacaciones y evitar que se contagiaran de las enfermedades. La realidad, sin embargo, era bien distinta, como denuncian los que estuvieron internados en ellos.

«Era la forma que tenía el régimen de adoctrinar a la infancia, creando mujeres sumisas y miedosas», afirma Alicia, quien detalla cómo lo más vívido que recuerda de ese tiempo es el miedo que sentía si hacía algo que no gustara a las cuidadoras.

«A la que se hacía pis le quemaban el culo con una vela y nos obligaban al resto a hacer un corro alrededor de ella y llamarla meona», describe.

Silvia Navarro también declara el 1 de julio como querellante por el asesinato y desaparición de su tío abuelo José Antonio Marco. Conocido masón y defensor de la República, fue detenido en agosto de 1936, poco tiempo después del inicio de la guerra civil. Lo siguiente que supo su familia es que había sido fusilado junto a la tapia del cementerio con otras 15 personas más.

Muchos años después, ya en democracia, supieron que sus restos habían sido trasladados desde su pueblo natal en Aragón al Valle de los Caídos, el monumento construido por Francisco Franco a las afueras de Madrid. Allí, donde a los pies del altar de la basílica está enterrado el dictador, se calcula que también están los restos de más de 32.000 personas, muchas de ellas represaliadas del franquismo y cuyos cuerpos fueron trasladados sin el conocimiento de sus familiares.

«En los diarios de mi abuela cada 2 de septiembre aparece señalado en recuerdo de su hermano porque ese fue el día en que lo fusilaron», explica Navarro, quien subraya que prestar declaración en un juzgado español «supone una forma de reparación a las víctimas».

Casi todas las causas que se han tratado de abrir en España contra los crímenes cometido en los casi 40 años que duró la dictadura — como la que comenzó el juez Baltasar Garzón en 2008 — se han ido cerrando a causa de la Ley de Amnistía. Aprobada en 1977, la norma declara impunes todos los delitos cometidos antes del 17 de diciembre de 1976. En 2010, los impulsores de la ‘querella argentina’ presentaron su causa en Buenos Aires basándose en el principio de justicia universal y en que los delitos de tortura, las desapariciones forzosas o las ejecuciones sumarias son crímenes contra la humanidad y que por tanto no prescriben.

Desde entonces, la jueza argentina ya ha recibido más de 320 querellas de víctimas de la dictadura, que denuncian desapariciones, torturas, represión de niños, fusilamientos, robos de bebés, exilio o trabajos forzosos. «Son diferentes dolores y sufrimientos», señala Messuti, «los que fueron torturados tienen muy vivos los hechos y buscan juzgar a sus torturadores y los que tienen a familiares enterrados en fosas quieren recuperar sus restos y para ello tienen que recurrir a la justicia».

Las querellas solo pueden ser presentadas por las propias víctimas o sus familiares pero también pueden presentar denuncias asociaciones, entidades o particulares en cualquier consulado argentino, y que inmediatamente son enviadas al juzgado a Buenos Aires. Hasta ahora hay más de 100 que hacen referencia a miles de víctimas.

«Sólo en la provincia de Sevilla [donde la jueza argentina ha pedido que declaren tres familiares de fusilados y enterrados en fosas] tenemos 12.000 desaparecidos», subraya Paqui Maqueda, portavoz de la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina en Andalucía. Cree que el hecho de que los jueces españoles acepten dar curso a las comisiones rogatorias de la magistrada Servini es un paso importante «para romper muros de impunidad» y confía en que estas declaraciones en España se normalicen. «Sobre todo porque muchos de los que están declarando tienen más de 80 años, no pueden viajar a testificar a Argentina [como otros ya hicieron] y algunos pueden morir antes de poder das testimonio», subraya.

«Todos los jueces españoles saben que en su partido judicial hay fosas [se calcula que existen 114.000 enterrados en cerca de 2.000 fosas repartidas por todo el país] y tienen que empezar a aceptar que son crímenes contra la humanidad y que por tanto no prescriben», subraya la portavoz andaluza.

En una entrevista realizada por VICE News a María Servini el pasado diciembre la jueza señalaba que su anhelo era «que cada uno pueda juzgar a sus conciudadanos».

En la causa han sido imputados 17 españoles, entre los que hay varios ex ministros, por diferentes delitos cometidos durante la dictadura pero España ha rechazado siempre su extradición. Un hecho que incluso le ha supuesto recibir críticas por parte de la ONU, organismo que subrayaba el pasado marzo en un comunicado que «si [España] no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad».

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