Público/Alejandro Torrús
El PSOE no firma la propuesta de Podemos y nacionalistas para modificar la Ley de Amnistía y juzgar el franquismo
Diputados de Podemos, Compromís, En Comú Podem, EH-Bildu, ERC, En Marea y PdeCat han registrado en el Congreso este miércoles dos proposiciones de ley para intentar acabar con la impunidad del franquismo. IU, por su parte, presentará en los próximos días una proposición propia para declarar “la nulidad” de la Ley de Amnistía.
Diputados de Podemos, Compromís, En Comú Podem, EH-Bildu, ERC, En Marea y PdeCat han registrado en el Congreso este miércoles dos proposiciones de ley para intentar acabar con la impunidad del franquismo. Por una parte, han registrado una Proposición de Ley para modificar la Ley de Amnistía y que esta no sea aplicable a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. Por otra, han registrado otra Proposición para modificar el Código Penal e incorporar el Principio de Legalidad internacional, un cambio necesario para terminar con los impedimentos señalados por la Justicia cuando se ha intentado juzgar los crímenes franquistas.
“Las dos iniciativas buscan acabar con los impedimentos que la Justicia ha puesto para no investigar las querellas que se presentan para juzgar los crímenes del franquismo. El objetivo es que el Estado español reconozca de una vez el derecho a la Justicia que tenemos las víctimas del franquismo”, ha expresado Chato Galante, expreso de la dictadura por su militancia en las luchas estudiantiles.
“El objetivo es que el Estado español reconozca el derecho a la Justicia que tenemos las víctimas del franquismo”, ha señalado Galante
El gran ausente en la presentación de estas dos iniciativas ha sido el PSOE, ya que se da por descontado que ni Partido Popular ni Ciudadanos están por la labor de aceptar estas propuestas. Los socialistas han participado en todas las reuniones preparatorias entre los diferentes partidos que han suscrito las iniciativas pero han decidido finalmente no estampar su firma en el registro de las mismas.
La ausencia de los socialistas ha sido lamentada por los diferentes portavoces políticos que han comparecido ante los medios. Así, Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya, ha señalado que ve “con dolor que partidos políticos que lucharon en la lucha antifranquista, como el PSOE, no hayan firmado esta proposición”. “Esto merece una crítica. Representa la creencia de que el olvido puede amortiguar el dolor o que es una buena arma para encarar los retos del siglo XXI. Yo creo que se equivocan y que supone darse por vencido ante el fascismo”, ha reprochado el diputado republicano.
Asimismo, Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem, también ha lamentado la ausencia del PSOE con el que ha asegurado que han estado trabajando en la elaboración de ambas iniciativas, pero que “ha decidido no apuntarse en el último momento”. Domènech, no obstante, ha deseado que finalmente el PSOE apoye en el Congreso estas iniciativas y puedan ser aprobadas. “No entendería que el PSOE no apoyara esta iniciativa”, ha zanjado.
Fuentes de la Ejecutiva del PSOE han explicado a Público que la formación ha creado un gabinete técnico-juridico que está trabajando en una ampliación de la Ley de Memoria Histórica que permita dar solución a “siete u ocho temas que están encima de la mesa”. Estas fuentes, no obstante, no precisan si entre estas medidas se encuentra la derogación de los efectos de la Ley de Amnistía. “Buscamos la manera de tenerla mayor seguridad jurídica para introducir los cambios”, han precisado estas fuentes.
IU presenta su propia iniciativa
La otra gran ausencia entre los firmantes ha sido la de Izquierda Unida. Fuentes parlamentarias de la coalición de izquierdas han destacado a este medio que sus diputados apoyarán las proposiciones presentadas este miércoles cuando se voten en el Congreso, pero que han preferido presentar su propia propuesta que pide que la Ley de Amnistía sea declarada “nula”. La propuesta será presentada la semana que viene.
IU apoyará la iniciativa en el Congreso pero presenta una diferente que pide que la Ley de Amnistía sea declarada nula
“Consideramos que la propuesta de modificar la Ley de Amnistía es positiva, por eso la apoyaremos, pero también insuficiente. Nosotros estamos por declarar nula directamente la Ley de Amnistía, tal y como Argentina hizo con su ley de punto final”, han destacado a Público fuentes parlamentarias, que han señalado que el partido también había recogido esas peticiones de diferentes colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo.
Escudo franquista
El Poder Judicial ha rechazado investigar los crímenes de la dictadura escudándose en la Ley de Amnistía. Asimismo, PP, PSOE y CiU rechazaron en 2011 por mayoría absoluta la proposición de ley para modificar la Ley de Amnistía. Más recientemente, el 20 de diciembre de 2016, PP, PSOE y Ciudadanos evitaron en la Comisión de Justicia la modificación de la norma para que estableciera que no se aplicaría a casos de torturas o desapariciones forzadas, ni a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, tal y como dispone la normativa internacional”.
El Ministerio Fiscal también recurrió hasta en tres ocasiones a la Ley de Amnistía para impedir a los jueces españoles colaborar con la justicia de Argentina en la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó en dos ocasiones las solicitudes de extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho internacional.
La Fiscalía General del Estado también invocó a la Ley de Amnistía en una orden interna que emitió a los juzgados para amedrentarles y que no colaboraran con las peticiones de auxilio judicial que llegaban desde Argentina.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy también ha invocado la Ley de Amnistía para justificar la negativa del Estado a juzgar los crímenes franquistas ante diversos organismos internacionales. Y es que hasta cinco organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos han pedido a España su derogación. A saber: Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada; y Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación.
Ley de Amnistía 1977: Una excusa que dura 40 años
- La ley de Amnistía es uno de los principales obstáculos para facilitar verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
- Amnistía Internacional entregó esta mañana más de 205.000 firmas en el Ministerio de Justicia para exigir que se respeten los derechos de las víctimas y sus familiares
El próximo 15 de octubre se cumplen 40 años desde la promulgación de la Ley de Amnistía de 1977. Una ley que buscaba perdonar y pasar página sobre “los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”. Amnistía Internacional recuerda que según el derecho internacional, no pueden incluirse en este perdón actos que puedan ser considerados crímenes de derecho internacional, como son la desaparición forzada o la tortura.
Amnistía Internacional lleva años denunciando cómo desde los diferentes poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) se bloquea cualquier paso para que la legislación española cumpla con sus compromisos internacionales en relación con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Y cómo esta Ley de Amnistía, contraria a las obligaciones internacionales que contrajo España con anterioridad a su entrada en vigor (el 17 de octubre de 1977), ha sido uno de los argumentos más utilizados por los distintos poderes para denegar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
“En estos 40 años ningún poder, ningún Gobierno ha hecho nada por reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En todo caso, han obstaculizado su acceso a la justicia y a la reparación”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“En abril de 1977, España ratificaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entre otras cosas señala que nada se puede oponer al juicio o a la condena de una persona por actos que, en el momento de cometerse, fueran considerados delictivos por el derecho internacional. Pero meses después entraba en vigor una ley que durante décadas ha inutilizado este principio”, señaló Esteban Beltrán.
Desde 2013, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada, Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación) han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales.
205.000 firmas para que no haya obstáculos a la justicia
En estos momentos, hay diferentes iniciativas legislativas en relación con la Ley de Amnistía que si bien se deben discutir y analizar, intentan avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del franquismo.
Por ello, esta mañana la organización entregó 205.000 firmas que piden al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, entre otros aspectos, que como desde hace años viene reclamando Amnistía Internacional y Naciones Unidas, se tomen las medidas legislativas necesarias para asegurar que la Ley de Amnistía no sea un mecanismo de impunidad para los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Información complementaria
9 obstáculos a la verdad, justicia y reparación sobre la base de la Ley de Amnistía
- El Poder Ejecutivo, en su interlocución con los mecanismos de Naciones Unidas (como con el Comité de Derechos Humanos) ha invocado la Ley de Amnistía para justificar la imposibilidad de investigar estos crímenes del pasado.
- En el ámbito legislativo, el 19 de julio de 2011, se rechazó por mayoría absoluta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para modificar la Ley de Amnistía (320 votos en contra, 8 a favor y 8 abstenciones).
- El 20 de diciembre de 2016, la Comisión de Justicia del Congreso rechazó, con 26 votos en contra, 10 a favor y una abstención, una Proposición No de Ley que instaba a la modificación de la Ley de Amnistía para establecer que no se aplicaría a casos de torturas o desapariciones forzadas, ni a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, tal y como dispone la normativa internacional.
- Tampoco desde el Parlamento se ha impulsado la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
- En el ámbito judicial, en noviembre de 2008, la Audiencia Nacional se inhibió de conocer la querella presentada en 2006 por crímenes contra la humanidad en España entre 1936 y 1951 (una querella que recogía 114.266 casos de violaciones de derechos humanos) a favor de numerosos juzgados territoriales. 47 causas que afectaban a miles de casos se abrieron. Amnistía Internacional tuvo acceso a 38 de ellas, todas archivadas, y en al menos 11 de las resoluciones de archivo se hizo mención expresa a la Ley de Amnistía.
- El Tribunal Supremo invocó la Ley de Amnistía para cerrar la puerta en España a investigaciones judiciales con su sentencia del 27 de febrero de 2012 en relación con el llamado “caso Garzón”.
- En 2017, al menos tres casos de desaparición forzada en Catalañazor, Cobertelada y Barcones, documentados por Amnistía Internacional en la provincia de Soria fueron archivados y se cerraron las investigaciones, en base, entre otros argumentos, a la Ley de Amnistía.
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional en dos ocasiones rechazó las solicitudes de extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derechos internacional durante la Guerra Civil y el franquismo.
- La Fiscalía General del Estado emitió una orden interna el 30 de septiembre de 2016 instruyendo a los fiscales territoriales para que rehusaran las peticiones de auxilio judicial internacional de Argentina, amparándose, entre otros argumentos, en la Ley de Amnistía.