Un ex relator de la ONU culpa a los jueces de la impunidad en el Estado

Chair of the Human Rights Committee, Fabian Salvioli addresses the General Assembly Seventy-first session 30th plenary meeting. Implementation of human rights instruments: commemoration of the fiftieth anniversary of the adoption of the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Naiz/Aritz Intxusta

Fabian Salvioli, ha seguido la lucha de las víctimas del franquismo a través de su cargo como Relator de la ONU

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Giza Eskubideen Behatokia celebró ayer un acto en Iruñea en el que intervino Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU y exrelator. Aseguró que hay legislación de sobra en el Estado español para perseguir los crímenes de lesa humanidad antes y después del franquismo y acusó a los jueces de no querer hacerlo conscientemente.

Salvioli aseguró que, independientemente de lo que hagan las víctimas, el Estado está obligado a investigar.
Salvioli aseguró que, independientemente de lo que hagan las víctimas, el Estado está obligado a investigar. (Iñigo URIZ | FOKU)
LESA HUMANIDAD

«La tortura en democracia, la creación de los GAL, la ejecución de personas son crímenes de lesa humanidad y no prescriben», ha insistido el exrelator de Naciones Unidas.

JUANJE SORIA

Etxeberria dedicó unas palabras al activista pro derechos humanos Juanje Soria, que estaba comprometido con GEB y que falleció a finales de octubre. Lo calificó como un hombre «discreto, humilide, observador y trabajador». Dijo que era tal la entrega de este abogado que antes de morir, les trasladó su pena por todas las tareas que dejaba pendientes.

Con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional del Derecho a la Verdad, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (GEB) celebró un acto en Iruñea que contó con la presencia de Eneko Etxeberria (hermano del desaparecido José Miguel Etxeberria, ‘Naparra’), la experta en Derecho Internacional Iratxe Urizar y Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU y, hasta hace un año, Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, Reparaciones y Garantías de No Repetición del Consejo de Derechos Humanos de esta institución.

Salvioli estuvo muy crítico con los jueces españoles, a los que acusa de haberse democratizado aún menos que policías y militares tras la muerte de Franco. Sostiene que hay legislación de sobra para saltarse la Ley de Amnistía, tanto en el plano internacional, como dentro de la ley de Memoria Democrática y en la propia Constitución.

El experto acusó a los jueces españoles de no perseguir los crímenes de lesa humanidad, simplemente, porque no quieren hacerlo.

«Claro que hay jueces y juezas comprometidas, pero en términos generales la Justicia continúa funcionando como si el Derecho Internacional sobre derechos humanos no existiese y como si la propia Constitución española no existiese, porque ahí están el Artículo 102 o el Artículo 96 que dan la base para hacer lo que hay que hacer», manifestó.

A juicio de Salvioli, esto supone un gran problema «porque es a través de los jueces de un Estado donde debemos canalizar la garantía de nuestros derechos». Los tribunales internacionales, explicó, no alcanzan para resolver los casos individuales, porque esto supondría que tendrían que resolver todas las injusticias del mundo y eso, sencillamente, es imposible.

REPARACIÓN SIN ENCONTRAR AL CULPABLE

las han planteado desde GEB. Y ahora respaldan una tercera de víctimas del GAL contra el exministro José Barrionuevo.

Por otro lado, defendió como avances claves las leyes de víctimas que se han aprobado en la CAV y Nafarroa para la etapa posterior, si bien la que afecta a Araba, Gipuzkoa y Bizkaia tiene una limitación temporal y solo alcanza hasta el período de 1978-1999.

En su opinión, aunque mejorables, estas leyes y los reconocimientos que se han obtenido gracias a ellas están teniendo «un efecto sanador».

«Sin embargo -dijo Urizar-, no hay contraparte estatal. Es decir, tenemos leyes autonómicas que están reconociendo y a buena marcha a estas víctimas de la violencia del Estado, pero el principal agente que ha provocado las víctimas ni tiene una ley ni se ha pronunciado al respecto».

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