“Las víctimas palestinas se encuentran en el más absoluto desamparo judicial”. De la misma forma que se hizo en relación con los crímenes del franquismo, la idea es apelar al concepto de justicia universal para impulsar una causa por delitos cometidos en la Franja de Gaza. Quieren que participen asociaciones palestinas e israelíes.
Por Adrián Pérez, Página12, 15 de septiembre de 2014
Los tribunales argentinos recibirán una querella contra la última operación militar israelí en Gaza. En diálogo exclusivo con Página/12, Carlos Slepoy, promotor de la iniciativa junto a organismos de derechos humanos, adelantó detalles de la presentación que impulsará con abogados de la Asociación Americana de Juristas (AAJ). “La idea es interponer una querella, ante los juzgados federales de Buenos Aires, por los crímenes cometidos recientemente en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel”, confió el letrado de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. El escrito que Slepoy y los abogados de la AAJ entregarán próximamente en los tribunales porteños alcanza a funcionarios del más alto rango del Gobierno israelí y surge de considerar que los hechos que tuvieron lugar durante la operación “Borde Protector” representan crímenes de lesa humanidad y/o genocidio.
La acusación que Slepoy encabeza con el grupo de abogados de la AAJ tiene como antecedente la denuncia de diez páginas que Sergio Ortiz, integrante de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares y del Partido de la Liberación, presentó junto a otros particulares ante Enrique Senestrari, titular de la Fiscalía N° 1 de Córdoba, por los crímenes que Israel pudiese haber cometido en la intervención militar iniciada el 8 de julio en territorio gazatí. Ortiz solicitó el 29 de agosto la apertura de una causa penal contra miembros del Gobierno israelí por la posible comisión de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en ocasión de cometer genocidio contra la población palestina de Gaza.
Consultado por el escrito que Ortiz entregó ante la justicia federal de la provincia mediterránea, el abogado argentino destaca el valor de la iniciativa, adoptada por el grupo de ciudadanos cordobeses, de presentar una denuncia penal en relación con los crímenes cometidos por el ejército israelí. “Confiamos en que el fiscal adscripto a la causa decida impulsar la investigación y en que el juez actuante adopte las medidas que en la denuncia se proponen”, señala Slepoy, y afirma que en modo alguno la querella que él y otros actores vinculados a organismos de derechos humanos piensan interponer es incompatible con la denuncia presentada en Córdoba. “Antes bien, son complementarias –agrega–. Sin embargo existen diferencias entre denuncia y querella y además, en este caso, la que presentemos tendrá distintas características en cuanto a quienes la promoverán.”
–¿Sobre qué elementos se apoyan esas diferencias?
–Cuando se interpone una denuncia se da noticia de la comisión de un delito para que, quienes tienen la tarea de investigarlo, decidan si ha existido o no tal delito, si se conoce a sus autores, si se dan los requisitos legales para investigar y perseguir. Los denunciantes no son parte en el procedimiento. Si el juez a cargo del caso decide que no procede la investigación y acuerda archivar la denuncia, sólo el fiscal puede recurrir esta decisión ante una instancia superior. En cambio, si hay querellantes estos son parte en la causa y no sólo pueden, entre otras cosas, proponer pruebas y medidas durante el desarrollo del proceso sino también recurrir cualquier decisión por la que se resuelva no abrir el procedimiento o clausurarlo una vez iniciado.
–¿Puede dar un ejemplo acerca de esos contrastes?
–La diferencia aparece nítida en la experiencia que hemos tenido con la querella argentina contra los crímenes del franquismo. La jueza Servini de Cubría, que resultó elegida por sorteo para el caso, dio traslado de la querella al Fiscal para que informara sobre la procedencia de la investigación. Éste opinó que correspondía archivar la causa y la jueza decidió no proceder argumentando que se trataba de delitos de acción pública y no había acusación por parte del Ministerio Público. Los abogados de los querellantes, que por lo tanto eran parte en el procedimiento, recurrieron esta decisión ante la Cámara Federal de Buenos Aires que la revocó y ordenó la apertura de la investigación. De no haber habido querellantes el proceso no existiría.
–¿Cuál será la estrategia judicial de la querella contra el Estado de Israel?
–Nuestra intención es que sea presentada por víctimas directas o indirectas de los crímenes cometidos y además, y conjuntamente, por asociaciones argentinas de derechos humanos y organizaciones sociales entre cuyos objetivos se encuentre la defensa de los derechos humanos. La idea es reproducir en este sentido la composición de la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
–¿Qué otros actores pueden ser querellantes?
–Entendemos de especial importancia que se unan a esta iniciativa asociaciones palestinas, en representación de las víctimas, pero también asociaciones judías que abominen de estos crímenes. Llamamos a unos y otros para que tengan una activa participación en el procedimiento. Se trata de una convocatoria abierta y plural, que no hace distinciones: pueden participar todos aquellos que se opongan a la vulneración permanente de los derechos del pueblo palestino.
–¿Ha tomado contacto con quienes sufrieron los ataques de las fuerzas armadas israelíes en Gaza?
–Estamos hablando con víctimas directas, y familiares de víctimas. Pero también con ciudadanos y asociaciones israelíes dispuestas a denunciar los crímenes que en su nombre comete Israel. Así como (Daniel) Barenboim ha creado una orquesta sinfónica con palestinos e israelíes, como mensaje de paz y unidad entre ambos pueblos, lo que nosotros pretendemos, en la medida que podamos hacerlo, es que esta querella incluya a ciudadanos palestinos, pero también a israelíes, en la búsqueda común de justicia.
–¿Puede un ciudadano israelí participar en la querella?
–En España podría hacerlo, por el ejercicio de la acción popular, pero acá (en Argentina) tendría que ser una persona que justifique estar afectada por los crímenes que se cometieron en Gaza.
—Uriel Ferera, un joven argentino-israelí que vive cerca de Tel Aviv y estuvo detenido hasta el viernes pasado en una cárcel militar de Atlit, donde desde fines de abril pasó siete confinamientos consecutivos por ser objetor de conciencia, podría ser querellante.
–El o su familia podrían serlo en la medida que está siendo castigado por negarse a integrar un ejército que comete crímenes contra la humanidad.
–¿A qué funcionarios israelíes denunciarán? ¿Qué medidas solicitarán para ellos en la Justicia argentina?
–Nuestro propósito es acusar a todos los responsables de los crímenes y pedir que se dicten contra ellos órdenes internacionales de detención a efectos de que sean detenidos donde se los encuentre y extraditados para ser juzgados. Los que en principio aparecen indubitadamente como responsables, y ello sin perjuicio de que los que se vayan determinando a medida que se desarrolle la investigación, son los mismos que se mencionan en la denuncia interpuesta en Córdoba: el presidente Benjamín Netanyahu, los ministros Avigdor Lieberman (Asuntos Exteriores) y Moshé Yalon (Defensa), el jefe del Ejército, general Benny Gantz y el vicepresidente del Parlamento, y uno de los principales ideólogos del plan de exterminio en Gaza, Moshe Feiglin.
–¿Cuáles son las penas que la jurisprudencia nacional prevé para los delitos que ustedes denunciarán y que pueden pesar sobre los funcionarios israelíes en el hipotético caso de que sean detenidos y sometidos a la Justicia argentina?
–Los crímenes que, contemplados en el Código Penal argentino, aparecen como claramente cometidos en los ataques a Gaza, son los delitos de homicidio, lesiones graves, daños de diverso tipo, incendios, estragos. La pena por homicidio es de 8 a 25 años, o de prisión perpetua si hay circunstancias agravantes, que en este caso evidentemente existen.
–¿Por qué lanzar una querella en Argentina para juzgar crímenes perpetrados en Gaza?
–Si la Corte Penal Internacional investigara estos crímenes no sería necesaria la actuación de otros países o éstos prestarían colaboración a ese tribunal. Pero todo hace pensar que no lo hará. Por un lado porque Israel y Estados Unidos, igualmente implicado, no han adherido al Estatuto de la Corte Penal Internacional y en consecuencia el tribunal no puede ejercer jurisdicción sobre sus ciudadanos salvo que cometan delitos en países que han ratificado o adherido al Estatuto de la Corte. Y, por otro lado, porque no se ha reconocido la existencia de un Estado palestino, con todos los derechos que ello implica, incluida la posibilidad de adherir al Estatuto de la Corte y ser por tanto protegido por la actuación de la misma.
–¿Y cómo puede saltarse este cerco?
–Bienvenido sería que se abriera un proceso en la Corte Penal Internacional. Las querellas que se interpongan en distintos países no sólo no son incompatibles sino que pueden servir de acicate para que ello ocurra. Se podría pensar en la creación de un tribunal internacional ad hoc (creado específicamente para el caso) como se ha hecho en otras situaciones, pero esto depende de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del que Estados Unidos es miembro permanente con capacidad decisoria al respecto. No es difícil colegir su oposición al respecto. Las víctimas palestinas pues se encuentran en el más absoluto desamparo judicial.
–¿Qué caminos pueden recorrer las víctimas para encontrar justicia?
–Quedan las jurisdiccionales nacionales de los distintos países del mundo comprometidos en la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad de quienes cometen crímenes contra la humanidad, como única y eficaz alternativa. En la medida que estos crímenes lesionan y ofenden a la humanidad no sólo pueden sino que deben actuar tribunales de distintos países en protección de bienes jurídicos que son universales. Lo que se promueve es la acción pacífica de la justicia y no lo exactamente contrario: la violenta y criminal intervención en el territorio de otros países.
–¿Qué otros objetivos persigue la querella contra el Estado israelí?
–La Comisión Interamericana de Derechos instó a los países de América, mediante sendas resoluciones, en los años 1998 y 2003, a ejercer la jurisdicción universal. En distintos instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional, se convoca a los Estados a comprometerse en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes internacionales que contemplan: crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delito de agresión. En virtud de ello, y de la consolidación internacional que ha tenido el principio de justicia universal, lo que pretendemos en primer lugar es que la querella que vamos a presentar replique en otros países de modo tal que se genere una persecución múltiple que revele que los criminales son imputados por las jurisdicciones de distintos países y que todos tienen interés en su juzgamiento: como ocurrió en su día con Pinochet cuya extradición fue pedida simultáneamente por juzgados españoles, belgas, suizos, franceses. Por otra parte el objetivo último es fortalecer el desprestigio y la repulsa internacional hacia quienes cometen estos delitos; hacer sentir a las víctimas la solidaridad internacional; poner de manifiesto las múltiples y variadas violaciones que de elementales derechos viene sufriendo desde hace décadas el pueblo palestino; apoyar a los judíos que dentro y fuera de Israel se oponen a lo que está ocurriendo; colaborar para que se detengan las masacres y contribuir a un futuro de justicia, entendimiento y paz entre ambos pueblos.
–El proyecto de colaboración entre tribunales de diferentes naciones surge como una herramienta cuanto menos necesaria para el juzgamiento de estos delitos. ¿Hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos para extender el alcance de la justicia universal?
–Debemos pensar primero que la aplicación efectiva del principio de jurisdicción universal es muy reciente y que constituye un nuevo paradigma civilizatorio, un corte epistemológico con la concepción, que hasta hace poco se tenía, de que la impunidad de los más graves crímenes contra los seres humanos podía ampararse en supuestas soberanías o de que la guerra y la destrucción podrían ser un modo legítimo de resolución de los conflictos. Se opone y enfrenta tanto a la intervención violenta, en forma directa o indirecta, en los asuntos de otros estados, como a la resignación frente a la violación masiva e impune de los derechos humanos. Hoy estamos en una etapa de su desarrollo que requiere que, ante la comisión de crímenes de la naturaleza que tratamos, los tribunales nacionales de distintos países se impliquen en la persecución judicial. Si esto ocurre, los grandes violadores de los derechos humanos serán acusados, y acosados, y se irá imponiendo el fundamental valor universal de que estos crímenes no pueden dejar de ser investigados y sus responsables sancionados. En un futuro, que hoy se antoja lejano pero que no por eso es menos necesario, debería crearse un organismo internacional, que bien podría ser la propia Corte Penal internacional, cuando su jurisdicción sea obligatoria para todos los estados, tenga una estructura y funcionamiento democrático e imparta justicia imparcialmente. Este órgano internacional actuaría como instancia de contralor y ordenación de la actuación de las distintas jurisdicciones nacionales. Se trata en todo caso, y entre otras cosas, de aprovechar las estructuras judiciales existentes en cualquier país y de que las víctimas puedan presentar sus reclamos y ser escuchados en distintos tribunales. Es imprescindible en tal sentido que se promueva en todos los países la creación de tribunales especialmente dedicados a la investigación de crímenes contra la humanidad, sea que se cometan en el propio territorio o en cualquier otro.
—El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó abrir una investigación, a propuesta de la alta comisionada Navi Pillay, por la comisión de crímenes de guerra. ¿Cómo evalúa esa medida?
–Me parece magnífico por supuesto. Espero que la investigación prospere y la Comisión condene al Estado de Israel y lo conmine a reparar a las víctimas, a condenar a los responsables, a cesar en la violación de los derechos, a terminar con el bloqueo de Gaza y con la permanente instalación de nuevas colonias en territorio palestino. Y, además, ponga los resultados de sus indagaciones a disposición de los tribunales de justicia que, actuando en la investigación de estos crímenes, se lo soliciten.
–La protección de su territorio, como argumento para bombardear Gaza, fue un arma utilizada por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Incluso Barack Obama afirmó durante la operación “Borde protector” que Israel tenía derecho a defenderse de los ataques con cohetes de Hamas.
–Está claro que Palestina ha sido ocupada, que permanentemente los israelíes ganan territorio, que hay un acoso y humillación constantes del pueblo palestino que dura desde la creación del Estado de Israel. Por su parte, Israel alega que los países árabes pretendieron destruirla, que se tiene que defender. Siempre hay justificaciones. Independientemente de la opinión que se tenga sobre esto, lo cierto es que los palestinos no reciben ningún tipo de justicia y, por otra parte, se ven privados de la posibilidad de administrarla respecto de los crímenes que contra ellos comete constantemente el Estado de Israel: las cárceles israelíes en cambio están repletas de presos palestinos. De otro lado la desproporción de fuerzas y del número de víctimas es tan evidente que, por sí misma, revela la enormidad del crimen. Nuestra idea es incorporar en la querella una lista con los nombres y edades de los niños asesinados, que son más de 500. El 80 por ciento de ellos, que constituyen una cuarta parte de todos los muertos por el ejército israelí, tenían menos de 12 años de edad.
–En un artículo publicado recientemente en Página/12, usted afirmó que se intentó justificar lo injustificable con el argumento de que los terroristas palestinos eran responsables de la operación militar en Gaza.
–Eso lo escribí dado que es el argumento utilizado por Israel para justificar los crímenes: Hamás lanza misiles sobre territorio israelí que ponen en peligro la vida de israelíes y en ocasiones hieren o matan. Como conocemos por experiencia propia: los militares argentinos decían que los subversivos les habían obligado a cometer sus crímenes. El torturador decía al torturado: “¡Hijo de puta, mirá lo que me obligás a hacer! Me estás obligando a que te torture”. Es un mecanismo del asesino, del torturador que culpa a la víctima de ser responsable de los crímenes que comete. Hay una hipocresía muy grande por parte de los dirigentes israelíes en este tipo de argumentación, que lamentablemente tiene éxito en una parte importante de la colectividad judía y de la sociedad israelí. ¿Por qué israelíes que en otros casos tienen posiciones muy claras respecto a violaciones de derechos humanos no condenan estos crímenes? Opino que no lo hacen porque temen debilitar la existencia del Estado de Israel y porque la histórica persecución a los judíos, y sobre todo la terrible experiencia del Holocausto, parece justificar lo injustificable. Antes de ser perseguidos persiguen, antes de que los maten, matan. Aunque los perseguidos y asesinados nada tienen que ver con quienes los persiguieron y asesinaron. En lugar de ser víctimas prefieren ser victimarios. Es una opción falsa: una lógica tremenda. No sólo pone en peligro el futuro del Estado del Israel –dado el odio que está generando–, sino que ha hecho perder al pueblo judío la empatía con que contaba por parte de millones de personas. Que cesen los crímenes, que se haga justicia, que se restituyan las tierras ocupadas, que se reconozca y promueva un estado palestino, ayudará a restablecerla.