Asociación catalana de expresos y expresas políticos del franquismo
Nota de Prensa
LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA RATIFICA EL ARCHIVO DE LA QUERELLA PRESENTADA POR CARLOS
VALLEJO POR TORTURAS DURANTE EL FRANQUISMO
Barcelona, 10 de febrero de 2025
La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado el archivo de la
querella interpuesta por Carles Vallejo, por las torturas que el sindicalista
sufrió en 1970 en la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana 43 a
manos de la Brigada Político-Social.
Se presentara recurso a la decisión de la Audiencia Provincial y se
estudian las vías internacionales para denunciar que el Estado español
está desestimando todas las querellas por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo.
La resolución se basa en los argumentos habitualmente esgrimidos en los
archivos de querellas por crímenes del Franquismo: la prescripción de los
delitos y el principio de legalidad e irretroactividad de las normas penales,
según el cual en el momento de los hechos no existía como tal el delito de
crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en este caso se destaca que
la resolución de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Barcelona
coincide con el texto presentado por el equipo jurídico de Irídia en cuanto
a la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía de 1977, aunque en base a
argumentos diferentes. La Audiencia Provincial considera que es un
requisito imprescindible para la aplicación de la Ley de Amnistía la previa
declaración de responsabilidad penal de una persona en concreto y por un
delito en concreto; el equipo jurídico de Irídia remarca su inaplicabilidad
porque los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la normativa
internacional de derechos humanos, no son amnistiables y, además, en
ningún caso, puede suponer un obstáculo para iniciar una investigación
penal”.
Resulta inadmisible este nuevo archivo, que se suma a una dinámica, ya
no sólo de no reparación, sino de no reconocimiento de las víctimas del
Franquismo”. La dinámica judicial de no reconocer los crímenes de lesa
humanidad “nos obliga como sociedad civil a mantener viva la memoria
democrática y exigir la tan necesaria reparación a las víctimas. Sólo así, con memoria, verdad y justicia, se podrá avanzar en la construcción de una verdadera sociedad democrática”.
El recurso a la decisión de la Audiencia -que ha tardado un año en emitir
una resolución al respecto-, se presentará argumentando que la gravedad
de los hechos requiere una respuesta judicial que cumpla con los
estándares internacionales de justicia transicional. Estos estándares
establecen que es esencial abordar los crímenes del pasado a través del
acceso a la justicia y la consecución de la verdad, la reparación y las
garantías de no repetición. Ninguno de estos derechos se está cumpliendo
y los archivos de las querellas afectan directamente a las víctimas y
personas represaliadas en su proceso de reparación, perpetuándose la
impunidad.
Los tribunales del Estado español siguen archivando sistemáticamente las
querellas por crímenes de lesa humanidad durante el Franquismo. Esto
pese a que, recientemente, también la Fiscalía, de acuerdo con el criterio
de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, se ha
sumado a los argumentos de las acusaciones particulares. En el caso de
la querella de Carlos Vallejo, el Ministerio Fiscal se posicionó a favor de admitirla a trámite y señaló “la obligación de garantizar no sólo el derecho
a la justicia, sino también el derecho a verdad ya la reparación de las
víctimas”. También la Generalitat de Catalunya se personó como
acusación popular en ese caso.
La querella de Carlos Vallejo es la primera del Estado español presentada
tras la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria
Democrática (LMD), según la cual, debería “garantizarse la tutela judicial
en los procedimientos encaminados a la obtención de una declaración
judicial. Aunque la LMD señale como fundamental el derecho al acceso a
la justicia por parte de las víctimas, todas las querellas presentadas en
este marco legislativo han terminado archivadas, perpetuando así la
impunidad de los crímenes del Franquismo. Los hechos denunciados en la querella se ubican en la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana 43,
centro de la represión franquista en Barcelona que, desde hace décadas,
las entidades memorialistas y de derechos humanos exigen que se
convierta en un centro de memoria y de interpretación de la tortura.
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