Los archivos españoles en la querella argentina contra el franquismo

Los archivos españoles pueden tener un papel clave en la recuperación de esa historia colectiva y ser además garantes del derecho a la justicia y reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, pero para eso es necesario que las políticas en materia de Derechos Humanos sean transversales a todas las políticas públicas, incluidas las archivísticas.



Álava pide a Rajoy que apoye a la juez Servini contra los crímenes de Franco

La oposición en bloque, con el voto en contra del PP, ha pedido la detención y declaración de 19 personas imputadas vivas por crímenes cometidos durante la dictadura. Entre ellos hay varios responsables de los sucesos del 3 de Marzo en Vitoria como el Ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, del Vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Osorio, y del ex capitán de la Policía Armada, Jesús Quintana.


Víctimas, abogados y diputados apoyan en el Congreso la querella argentina contra el franquismo

La sala Pérez-Llorca del Congreso de los diputados se llenó este martes de asistentes. En un ambiente emotivo, con la presencia de diversas víctimas del franquismo, de periodistas y de juristas comprometidos con los derechos humanos, se celebró el primer acto organizado por víctimas del franquismo en sede parlamentaria.




La querella argentina a Els Matins de TV3

Mercè Puig Antich, germana d’en Salvador, i Felipe Moreno, representant de la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina contra els crims del franquisme a Els Matins de TV3. El company Juan amb la seva companya Paquita, querellants, obren pas a l’entrevista de la Mercè, en Felipe i un dels advocats de la querella, Carlos Slepoy.


Entre la herencia franquista y la justicia universal

La jueza argentina María Servini de Cubría pretende que los servidores del régimen franquista respondan por sus actuaciones delictivas, en el más amplio proceso a la dictadura jamás acometido. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina bien conoce la primacía habitual del “derecho de Estado” sobre los derechos humanos. El Gobierno español no ha respondido, 90 días después, a las 42 recomendaciones establecidas por dicho Grupo de Trabajo de Naciones Unidas.