La germana de Puig Antich considera “històrica” l’ordre de detenció contra Martín Villa i Utrera Molina
Mercè Puig Antich té poca confiança que la justícia espanyola respongui a la petició
Mercè Puig Antich té poca confiança que la justícia espanyola respongui a la petició
El auto de la jueza Servini exigiendo la detención de Martín Villa da cierta esperanza a quienes desde hace 38 años llevan reclamando responsabilidades por la matanza perpetrada por la Policía en Vitoria, en 1976
La transición española no fue, tal y como la quieren vender, ni modélica ni pacífica. El régimen franquista siguió reprimiendo y asesinando en ese periodo como en la dictadura. El hecho más relevante de esa represión se dio en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 cuando la Policía mató a 5 trabajadores y causó más de un centenar de heridos, además de los dos jóvenes asesinados días después en Tarragona y Basauri en actos solidarios.
La Asociación de Víctimas 3 de Marzo exige al dirigente del Partido Popular Iñaki Oyarzabal, que rectifique públicamente las declaraciones que ha realizado en una entrevista concedida a Jot Down en las que considera que la matanza obrera perpetrada en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 fue un “exceso policial” consecuencia de la utilización de las “armas de fuego para defenderse en un momento en que se vieron rodeados por la multitud, acorralados”
La asociación pide justicia para los cinco trabajadores que murieron en Vitoria en 1976. Fallecieron por disparos de la Policía en una carga para disolver una asamblea de obreros.
El grupo Parlamentario Mixto y La Izquierda Plural, ha solicitado la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que explique las actuaciones que el Gobierno de Rajoy llevará a cabo con el fin de cumplimentar la orden de detención y extradición cursada por la juez argentina, contra veinte altos cargos políticos, militares, policiales y judiciales de la dictadura franquista, acusados todos ellos, de cometer crímenes de lesa humanidad.
Felipe Armendáriz. Palma La juez argentina María Servini de Cubría ha incluido a un exjefe superior de Policía de Balears, Benjamín Solsona Cortés, en una lista de detenciones internacionales de sospechosos de crímenes durante el Franquismo. Solsona, de 83 años, podría ser arrestado si abandona España, dado que en nuestro país los hechos que se le imputan o están prescritos o fueron perdonados por la Amnistía de 1977.
Requerimos al Gobierno español, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para que, de inmediato, proceda a implementar todas y cada una de las medidas contenidas en el informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instando a las diferentes instituciones estatales competentes para ello la aplicación y ejecución de sus recomendaciones.
El Gobierno español no podrá alegar esta vez, como hizo al inicio con los primeros imputados de la querella argentina, que no sabe si viven ni dónde. Los últimos 20 son harto conocidos no solo por pasado, sino por presente: hay un consejero del «banco malo», académicos, conferenciantes, abogados… Hasta un franquista que sigue dando nombre a un instituto.
Inés García-Holgado, querellante en la causa argentina por crímenes del franquismo, viene a Astorga al homenaje de su tío abuelo .