El fiscal federal Ramiro González pidió citar a declaración indagatoria a 15 exfuncionarios del dictador español Francisco Franco y sugirió a la jueza federal María Servini de Cubría evaluar “la viabilidad” de que se aplique el protocolo con que se investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en Argentina, para eventuales casos ocurridos en España.
Durante mucho tiempo el Gobierno español se negó a colaborar, pero la presión social y la denuncia de que estaba amparando a los criminales hizo que dejara este asunto en manos de los jueces. Es un avance sustancial.
Artículo de la abogada de la Querella Ana Messuti sobre el viaje de la comisión judicial encabezada por la Jueza Servini en el mes de mayo por el territorio español.
Entrevista a Martín Fresneda. El secretario de derechos humanos de Argentina lamenta “el retroceso” de España. “Un país que deja morir sin justicia a sus víctimas no cumple con su deber”, asegura
“No entiendo –pregunta la anciana de Guernica, que frisa los 90 años–, ¿por qué tiene que ser una jueza argentina la que investigue los crímenes cometidos por el franquismo contra nuestros familiares? ¿Dónde están nuestros jueces, dónde está nuestra Justicia?” Mas agradece a la jueza María Servini de Cubría que haya llegado a España esa semana de primavera a escuchar sus testimonios.
Este año corresponde al grupo municipal de Bildu designar a la persona o colectivo que lance el cohete y ha optado por esta asociación en la que se integran las víctimas de la carga policial ocurrida en 1976 durante una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco de Asís que se saldó con cinco obreros muertos y más de un centenar de personas heridas.
Teresa Álvarez Alonso es una de las víctimas del franquismo. Habló con la jueza argentina en la querella abierta.
Segundo reportaje sobre la querella realizado por el colectivo Tmex
La jueza argentina recorrió el Archivo Histórico Nacional español y tomó declaraciones testimoniales en la causa que investiga los crímenes de Francisco Franco. Se espera un pedido para la exhumación de fosas comunes y el cotejo de ADN.
La causa es tramitada por la jueza federal María Servini de Cubría, que toma declaraciones en España a familiares de víctimas de la dictadura franquista.
