La transición española no fue, tal y como la quieren vender, ni modélica ni pacífica. El régimen franquista siguió reprimiendo y asesinando en ese periodo como en la dictadura. El hecho más relevante de esa represión se dio en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 cuando la Policía mató a 5 trabajadores y causó más de un centenar de heridos, además de los dos jóvenes asesinados días después en Tarragona y Basauri en actos solidarios.
La Asociación de Víctimas 3 de Marzo exige al dirigente del Partido Popular Iñaki Oyarzabal, que rectifique públicamente las declaraciones que ha realizado en una entrevista concedida a Jot Down en las que considera que la matanza obrera perpetrada en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 fue un “exceso policial” consecuencia de la utilización de las “armas de fuego para defenderse en un momento en que se vieron rodeados por la multitud, acorralados”
La asociación pide justicia para los cinco trabajadores que murieron en Vitoria en 1976. Fallecieron por disparos de la Policía en una carga para disolver una asamblea de obreros.
El grupo Parlamentario Mixto y La Izquierda Plural, ha solicitado la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que explique las actuaciones que el Gobierno de Rajoy llevará a cabo con el fin de cumplimentar la orden de detención y extradición cursada por la juez argentina, contra veinte altos cargos políticos, militares, policiales y judiciales de la dictadura franquista, acusados todos ellos, de cometer crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno español no podrá alegar esta vez, como hizo al inicio con los primeros imputados de la querella argentina, que no sabe si viven ni dónde. Los últimos 20 son harto conocidos no solo por pasado, sino por presente: hay un consejero del «banco malo», académicos, conferenciantes, abogados… Hasta un franquista que sigue dando nombre a un instituto.
La orden dictada por la Justicia argentina es ejemplo mundial
La Asociación del 3 de marzo siente la orden de detención contra Martín Villa como “una recompensa”. El auto acusa también a Osorio y Quintana.
An Argentine judge has asked Spain to arrest and extradite 20 former officials accused of abuses during the military rule of General Franco.
A judge in Argentina has ordered the arrest of 20 former Spanish officials accused of torturing dissidents during the dictatorship of Francisco Franco, from 1939 to 1975, renewing efforts to pursue cases of human rights abuses beyond the country’s borders.
La Justicia argentina ha ordenado la detención de 20 imputados por crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco y los primeros momentos de la Transición española, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, informaron fuentes judiciales.
